El hallazgo de cuatro supuestos lingotes de oro en una vivienda de Caleta Olivia, en medio de la investigación por un homicidio, parecía abrir una nueva incógnita. Sin embargo, el análisis de las inscripciones permitió despejar una parte del misterio: las piezas no eran de oro, sino de cerrobend, una aleación metálica utilizada en tratamientos de radioterapia.
Los lingotes, que pesaban en conjunto alrededor de dos kilos y habían sido valuados inicialmente en mil millones de pesos, fueron encontrados por personal de la Prefectura Naval Argentina durante un allanamiento realizado en el marco de la causa por el asesinato de Mario “Pato” García.
Las piezas tenían forma hexagonal y llevaban la inscripción “Cerro Bend Alloy. 158° F”. La leyenda hacía referencia al material y a su temperatura de fusión, expresada en grados Fahrenheit. El cerrobend está compuesto por bismuto, plomo, estaño y cadmio, y se utiliza para fabricar elementos de protección personalizados en radioterapia.
No había oro ni indicios que permitieran vincular las piezas con un gran robo a una empresa minera. La principal incógnita del caso, sin embargo, permanece intacta: quién mató a García y cuáles fueron los motivos del crimen.
Un homicidio que conmocionó a Caleta Olivia
Mario García tenía 50 años, atravesaba dificultades de salud mental y, según personas que lo conocían, había logrado dejar atrás antiguos problemas de consumo de drogas. Se ganaba la vida fabricando jabones y llevaba una vida humilde.
Su nombre volvió a ocupar el centro de la escena pública cuando denunció el robo de un recipiente que necesitaba para su trabajo. Tras presentarse en la Comisaría Tercera del barrio 2 de Abril, habló ante las cámaras de un canal local y cuestionó la existencia de presuntas zonas liberadas y hechos de corrupción policial, además de mencionar la droga y la prostitución.
Pocos días después, el 7 de diciembre de 2025, García desapareció. La búsqueda tuvo un desenlace trágico a comienzos de 2026, cuando comenzaron a aparecer partes de su cuerpo. El primer hallazgo se produjo en un descampado ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, donde una persona que corría por la zona encontró restos humanos.
Posteriormente, durante los rastrillajes, perros entrenados marcaron una bolsa dentro de un cesto de basura en una vivienda abandonada. La investigación permitió recuperar otras partes del cuerpo, entre ellas las manos, los pies, el torso y la cabeza.
La brutalidad del homicidio llevó al Ministerio de Seguridad de la Nación a ofrecer una recompensa para quienes aportaran información útil para identificar a los responsables. Según los antecedentes difundidos sobre el caso, el monto pasó de cinco millones a diez millones de pesos a fines de septiembre.
Ante las sospechas que recaían sobre la actuación de la Policía local, el juez Marcos Pérez Soruco dispuso que la investigación quedara a cargo de la Prefectura Naval Argentina.
El allanamiento y el altar con ratas muertas
La vivienda donde se encontraron los falsos lingotes fue identificada a partir del testimonio de un remisero que aseguró haber trasladado a García hasta ese domicilio el día de su desaparición. El vínculo entre ambos hombres convirtió al dueño de la casa en una figura relevante para una de las líneas investigativas.
Una fuente citada por Clarín describió al residente como una persona solitaria, acumuladora y de hábitos peculiares. También señaló que, durante un primer procedimiento en la propiedad, los investigadores habían encontrado un altar con ratas muertas colgando.
De la vivienda se retiró, además, un gran contenedor plástico para someterlo a peritajes. Los investigadores buscan determinar si algún elemento encontrado en el lugar puede aportar información sobre las circunstancias de la desaparición y el homicidio.
El hallazgo de las piezas de cerrobend sumó un episodio llamativo a la causa, aunque no resolvió las preguntas centrales sobre el asesinato.
Los antecedentes penales de García
Antes de su desaparición, García había protagonizado dos hechos violentos por los que fue condenado a prisión.
El primero ocurrió el 19 de octubre de 2007, cuando atacó a Rodolfo Suárez, de 40 años, a golpes y patadas en la cabeza. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad, fue trasladada a Buenos Aires y murió semanas después.
Meses más tarde, el 2 de marzo de 2008, García ingresó en la vivienda de Leonor Puca, de 53 años, a quien golpeó con un palo para robarle. El ataque fue interrumpido por el hijo de la mujer, que lo hirió con un arma blanca. García logró escapar, pero fue detenido posteriormente en su domicilio.
Por ambos episodios, el 29 de septiembre de 2010 fue condenado a 16 años de prisión.
Personas que lo conocían sostuvieron que, con el paso del tiempo, había cambiado su comportamiento y ya no era violento. Su historia personal y sus antecedentes forman parte del contexto que rodea la investigación, aunque no permiten establecer por sí solos quién lo asesinó ni por qué.
Dos líneas de investigación
La causa se concentra en dos hipótesis principales. Una apunta al hombre que, según el testimonio del remisero, habría sido la última persona que vio a García y en cuya vivienda se encontraron los falsos lingotes. Los peritajes sobre el contenedor plástico retirado del domicilio podrían aportar elementos para determinar si existe alguna conexión con el crimen.
La segunda línea investiga una posible relación entre el homicidio y las declaraciones públicas de García sobre presuntas zonas liberadas y corrupción policial. De acuerdo con esa hipótesis, sus dichos podrían haber generado conflictos con personas vinculadas al narcotráfico de la zona.
En ese contexto, el 9 de octubre se secuestró un freezer que un sospechoso le había vendido a un carnicero. Según la información aportada sobre la causa, ese elemento no había sido peritado correctamente durante la investigación inicial de la Policía local.
Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis permite dar por esclarecido el homicidio. La responsabilidad de las personas eventualmente involucradas deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas y las decisiones judiciales correspondientes.
Los hermanos de García participan de la causa como querellantes, representados por Alberto Luciani y la abogada del Estado Ximena Villares. En distintas declaraciones públicas, denunciaron demoras y reclamaron que se profundicen las medidas para identificar a los responsables.
La familia sostiene que el asesinato podría estar relacionado con la denuncia que García realizó ante las cámaras de televisión. Sus integrantes creen que sus declaraciones sobre presuntas irregularidades pudieron haber generado malestar entre sectores policiales y políticos de la ciudad.
En esa misma línea, se mencionó el testimonio de una persona protegida que habría declarado ante el juez sobre supuestos negocios policiales con amparo político. Se trata de afirmaciones que deben ser investigadas y corroboradas en el expediente.
