La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras Rurales. La decisión se basó en que la asociación que había iniciado la demanda no tenía legitimación para promover ese reclamo y no en una definición sobre la validez de la derogación.
El pronunciamiento, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, modifica la situación judicial de la norma y deja sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.
Qué cambia en la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte
La consecuencia práctica de la resolución es que queda revocada la declaración de inconstitucionalidad que había frenado judicialmente la derogación de la Ley de Tierras. De esta manera, dejan de aplicarse los límites generales a la propiedad extranjera de tierras rurales que establecía la legislación de 2011, en el marco de la derogación dispuesta por el DNU 70/23.
La Ley 26.737 había establecido un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia y departamento o municipio.
Además, dentro de ese porcentaje, ninguna nacionalidad podía concentrar más del 30% de la superficie habilitada para propietarios extranjeros. La normativa también fijaba un límite de 1.000 hectáreas para una misma persona física o jurídica extranjera en la denominada zona núcleo, o su equivalente en otras regiones del país.
Con la derogación dispuesta por el Gobierno y el levantamiento del obstáculo judicial, esas restricciones generales dejan de aplicarse. Esto amplía las posibilidades de adquisición de campos por parte de personas y sociedades extranjeras, aunque la operación de determinados inmuebles sigue sujeta a otros requisitos legales.
Qué establecía la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, sancionada en 2011, creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Su objetivo era establecer límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en Argentina. Entre sus principales disposiciones figuraban el tope nacional y provincial del 15%, el límite del 30% por nacionalidad dentro de ese porcentaje y la restricción de superficie por titular extranjero en la zona núcleo.
La derogación de esta legislación fue incluida en el DNU 70/23, que impulsó una serie de modificaciones normativas. La medida generó cuestionamientos judiciales, entre ellos el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que buscaba declarar inconstitucional y nulo el artículo 154 del decreto.
Por qué la Corte Suprema revocó el fallo
El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba habilitado para iniciar esa acción judicial en defensa de la soberanía territorial.
La Cámara Federal había entendido que la soberanía nacional constituía un bien colectivo y que, por lo tanto, la asociación podía reclamar su protección mediante una acción colectiva, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Nacional.
La Corte rechazó ese razonamiento y sostuvo que la soberanía territorial es uno de los elementos constitutivos del Estado, pero que no constituye un bien colectivo en los términos jurídicos que habilitan ese tipo de demandas.
En su sentencia, los jueces señalaron que, ante la ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no podía considerarse configurado un caso o controversia que justificara la intervención judicial.
También cuestionaron que algunos tribunales inferiores reconozcan legitimaciones que, según el fallo, se apartan de los requisitos constitucionales establecidos para habilitar una causa.
La Corte no definió si es constitucional derogar la Ley de Tierras
Uno de los puntos centrales de la resolución es que la Corte no declaró constitucional el artículo 154 del DNU 70/23. El tribunal precisó expresamente que su decisión no implica abrir un juicio sobre la validez constitucional de esa disposición.
En otras palabras, el fallo resuelve que la asociación demandante no tenía legitimación para promover esa acción y que no se había configurado el requisito constitucional de caso o controversia. No establece, por sí mismo, que la derogación de la Ley de Tierras sea constitucional ni que cualquier planteo futuro sobre la cuestión deba tener el mismo resultado.
La distinción es relevante porque el pronunciamiento se concentra en quién puede presentar una demanda y bajo qué condiciones, sin resolver el debate de fondo sobre la validez de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.
Cómo comenzó la disputa judicial por la Ley de Tierras
La causa se inició a partir de un amparo presentado por el CECIM La Plata contra el Poder Ejecutivo Nacional. La organización buscaba que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737.
Durante enero de 2024, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar que restableció la vigencia de la legislación. Más adelante, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa medida y rechazó la presentación por considerar que la asociación no tenía legitimación.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió posteriormente esa decisión, admitió la demanda y declaró inconstitucional el artículo del decreto. El Estado nacional apeló ese pronunciamiento y el expediente llegó a la Corte Suprema.
Con la resolución del máximo tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara quedó revocada, aunque el debate sobre la validez constitucional de la derogación no fue resuelto en esta sentencia.
Qué establecía la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, sancionada en 2011, creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Entre sus disposiciones, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país.
Su derogación fue dispuesta por el DNU 70/23, en el marco de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. La controversia judicial se centró en la posibilidad de cuestionar esa medida y en las condiciones constitucionales para que una asociación pudiera hacerlo mediante una acción colectiva.
El reciente fallo de la Corte no restablece la Ley de Tierras ni resuelve de manera definitiva la constitucionalidad de su derogación: revoca la sentencia anterior por razones vinculadas con la legitimación de la parte demandante y la inexistencia de un caso judicial válido.
