La fiscal capitalina Florencia Gómez, reconocida por haber intervenido en la causa por la masiva mortandad de pingüinos en Punta Tombo, hizo referencia al proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno nacional enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. La novedad es que por primera vez habrá un capítulo entero destinado a los delitos contra el ambiente.
“Es un cambio abismal respecto a lo que tenemos hoy”, explicó Gómez por FM Del Viento. “El Código actual es viejo y no contempla muchos delitos nuevos. La reforma incorpora la figura del ecocidio, y contempla todas las variantes, agravantes y situaciones posibles en materia ambiental, con escalas penales realmente duras”.
Un capítulo exclusivo para la biodiversidad
La fiscal destacó que la reforma contempla incendios forestales, destrucción de hábitats, afectación de especies protegidas, pesca ilegal y contaminación. Los incendios intencionales o generados con imprudencia aparecerán tipificados con penas de 3 a 6 años, y cuando el daño provoque la muerte de fauna, las penas escalarán de 10 a 25 años.
“Incendiar un bosque no es quemar árboles: es destruir un ecosistema entero”, remarcó. Recordó que en casos como el de Punta Tombo, los especialistas concluyeron que había zonas irrecuperables. “Si hubiese tenido este Código en aquel momento, el resultado de la causa hubiese sido otro”.
Además, mencionó que la reforma diferencia claramente situaciones dolosas de culposas y contempla agravantes para daños irreversibles, como volver inhabitables zonas para fauna o personas, cuya escala penal puede llegar a 15 años.
Contaminación, minería y empresas
Consultada sobre delitos vinculados a la actividad industrial, señaló que el nuevo Código incluye específicamente la contaminación de aguas, algo que hoy no está tipificado de manera contundente. Las penas también llegan hasta los 15 años según el nivel de daño.
Gómez remarcó que los fiscales pueden actuar de oficio, sin necesidad de denuncia, y que la reforma incluye multas e inhabilitaciones para responsables, además de las penas de prisión.
Una ampliación histórica
La fiscal celebró que la reforma agrave las penas por maltrato y crueldad animal. Actualmente, explicó, la pena máxima es de 1 año, lo que hace que los casos terminen en suspensiones de juicio a prueba. La reforma elevará la base a 3 a 6 años, y suma situaciones no contempladas hasta ahora, como la falta de atención veterinaria adecuada.
También se abordan situaciones frecuentes en Chubut: manipulación indebida de fauna marina, hostigamiento de animales en playas y ataques de mascotas sin supervisión. Recordó el caso reciente de un pitbull suelto atacando a una cría de lobo marino en Playa Unión: “La gente debe entender que ahora estas conductas se penan. Tenemos la obligación de proteger la biodiversidad”.
Caza ilegal y especies protegidas
El nuevo Código también dedica un capítulo a la protección de la fauna silvestre, especialmente frente a la caza ilegal o la captura de especies en peligro. Gómez mencionó el caso del yaguareté liberado y desaparecido en el norte del país, y señaló que siguen existiendo tours de caza prohibidos: “Tiene que haber penas duras para que estas prácticas dejen de existir”.
Delitos informáticos y violencia extrema
Si bien su especialidad es lo ambiental, Gómez mencionó que la reforma incluye delitos informáticos y agrava penas por hechos de violencia extrema y genocidio, en línea con demandas sociales.
La fiscal fue convocada por universidades y por la Legislatura para exponer sobre la Ley de Sintientes, un proyecto que busca modificar el Código Civil para que los animales dejen de ser considerados “cosas” y pasen a ser reconocidos como sujetos de derecho. “Ojalá llegue también a Chubut”, afirmó.
