La posibilidad de financiar deudas con ARCA en hasta 18 cuotas y contar con una prórroga en los embargos representa un alivio importante para los comerciantes y las pequeñas y medianas empresas, en un contexto de marcada dificultad para sostener la actividad económica. Así lo sostuvo Santiago Arnoldi, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), al referirse al impacto que venían teniendo las medidas de presión fiscal sobre el sector.
Según explicó el dirigente, durante el último año se endurecieron considerablemente los mecanismos de intimación por falta de pago. La situación llegó al punto de que, ante vencimientos impagos, los embargos de las cuentas bancarias podían concretarse en menos de 48 horas, una práctica que afectó directamente el funcionamiento cotidiano de numerosos comercios y empresas.
«Pasaron a que, una vez que uno tenía los vencimientos cumplidos, en menos de 48 horas ya salían los embargos de las cuentas de los titulares de los comercios o de las mismas empresas», señaló Arnoldi. En ese sentido, remarcó que las consecuencias fueron especialmente difíciles para los establecimientos más pequeños, que cuentan con menos margen financiero para afrontar este tipo de situaciones.
Para el titular de CAMAD, las nuevas alternativas de financiación modifican un escenario que se había vuelto cada vez más complejo. La posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 18 cuotas permite recuperar cierto margen de maniobra y evitar que las deudas fiscales terminen paralizando la actividad comercial.
El impacto de los embargos en la actividad comercial
Arnoldi puso el foco en una de las consecuencias más delicadas de los embargos bancarios: la imposibilidad de disponer del dinero necesario para afrontar los compromisos diarios de una empresa.
«Un embargo a las cuentas de cualquier comerciante significa, sobre todo, el impedimento de poder pagar sueldos y a los propios proveedores, lo que hace que la rueda se frene automáticamente», advirtió.
En esa línea, explicó que, frente a un escenario económico adverso, la prioridad de cualquier empresario es garantizar el pago de los salarios de sus trabajadores. Se trata de una obligación que, según planteó, se busca preservar incluso cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los compromisos.
«Lo primero que se va a pagar es el sueldo de los empleados; después vemos de pagar a ARCA, a la AFIP, como se llamaba antes, y a los tributos locales», expresó.
El dirigente sostuvo que esta lógica responde a la necesidad de mantener en funcionamiento los negocios y preservar las fuentes de trabajo, desde las empresas de mayor tamaño hasta los pequeños comercios de barrio.
La presión fiscal y el riesgo de quedar fuera del sistema
Otro de los aspectos que preocupaban al sector era la eliminación de beneficios que permitían a los contribuyentes regularizar su situación y reincorporarse a los esquemas de cumplimiento tributario.
De acuerdo con Arnoldi, quienes no podían ponerse al día quedaban progresivamente fuera del sistema, mientras aumentaban las exigencias y las medidas de presión para cancelar sus obligaciones.
La combinación de una actividad comercial debilitada, dificultades para cumplir con los vencimientos y embargos prácticamente inmediatos generaba una presión financiera difícil de sostener, especialmente para las pymes y los emprendimientos de menor escala.
