La Justicia de Esquel resolvió dictar seis meses de prisión preventiva para la mujer acusada de asesinar a su pareja, Nelson Walter Ayilef Millapan, un jubilado rural de 68 años, en un hecho ocurrido el pasado 10 de julio en una vivienda del barrio Suelco. La imputada fue formalmente acusada por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Ezequiel Forti, junto al funcionario Julián Forti, expusieron los elementos reunidos hasta el momento y sostuvieron que la mujer intentó desviar la investigación al asegurar inicialmente que la víctima se había autolesionado.
Sin embargo, al arribar al domicilio cerca de las 4 de la madrugada, los efectivos encontraron a Millapan sentado en una silla, con una profunda herida cortante en el cuello, una abundante hemorragia y escasos signos vitales. Minutos después, el personal médico confirmó su fallecimiento.
Las pruebas que, según la Fiscalía, descartan un suicidio
De acuerdo con la investigación, la hipótesis del suicidio quedó rápidamente debilitada por distintos indicios recolectados en la escena del hecho.
Uno de los principales elementos es que el arma utilizada fue hallada a unos 15 metros del lugar donde se encontraba la víctima y sin rastros que indicaran que hubiera sido desplazada por el propio hombre.
Además, la Fiscalía remarcó que Millapan padecía una severa limitación motriz en el brazo derecho, consecuencia de una afección cervical previa, condición que, según los investigadores, hacía prácticamente imposible que pudiera provocarse una lesión de esas características en la parte posterior derecha del cuello.
La investigación también reconstruyó el entorno en el que vivía la pareja. Según expuso el Ministerio Público Fiscal, Nelson Walter Ayilef Millapan era una persona de contextura física pequeña, con dificultades para movilizarse y problemas de alcoholismo.
Testigos entrevistados durante la investigación afirmaron que la mujer ejercía constantes agresiones físicas sobre él, que además retenía su documentación personal y administraba sus haberes jubilatorios.
La Fiscalía agregó que vecinos del barrio describieron a la imputada como una persona de comportamiento violento y señalaron que registraba antecedentes de conflictos en el vecindario y procesos judiciales previos.
La conducta posterior al hecho agravó las sospechas
Otro de los aspectos destacados por los investigadores fue la actitud que habría mantenido la acusada tras el ataque.
Según las declaraciones incorporadas a la causa, la mujer se mostró distante, evitó colaborar con los efectivos e incluso se negó a facilitar elementos básicos de auxilio mientras la víctima se desangraba, una conducta que el Ministerio Público consideró relevante dentro de la investigación.
Al finalizar la audiencia, el juez declaró legal la detención y ordenó el traslado de la imputada al Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde permanecerá alojada durante seis meses mientras continúa la investigación.
