El Congreso de la Nación se encuentra sumido en una de sus semanas más complejas del año. La Libertad Avanza (LLA) inició un agresivo despliegue de negociaciones contrarreloj con los bloques denominados «dialoguistas» en el Senado con un objetivo excluyente: suspender la sesión ordinaria programada para este jueves. La estrategia del oficialismo apunta de manera directa a bloquear el tratamiento del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una iniciativa que es impulsada con firmeza por el bloque peronista. Las próximas horas serán determinantes para medir la capacidad de resistencia de la fuerza gobernante ante una oposición que busca capitalizar el costo político del debate.
Las razones detrás del freno en la Cámara Alta
Según revelaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas, la intención de la bancada de LLA, conducida por Patricia Bullrich, es desactivar por completo la jornada legislativa del jueves. En el temario original de dicha sesión estaba previsto el tratamiento de siete pliegos de jueces, una discusión de alta sensibilidad institucional, junto con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No obstante, desde el propio oficialismo reconocieron que sobre este último punto «aún falta consensuar algunos puntos» con los bloques aliados.
Frente a este escenario de desprotección numérica, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, citó a los jefes de las distintas bancadas a una reunión de Labor Parlamentaria. El encuentro, pautado para este miércoles a las 18 horas, tendrá la doble función de ordenar el temario general y ponerle una fecha definitiva al informe de gestión de Adorni. Aunque la oposición dura presiona para que la rendición de cuentas sea inmediata, desde el oficialismo adelantaron que la intención de la Casa Rosada es postergar la presentación del jefe de Gabinete hasta el próximo 2 de julio.
El temor principal de los libertarios radica en la posibilidad de que, una vez abierto el recinto del Senado, el peronismo consiga colar el escándalo que rodea a Manuel Adorni en la agenda del día mediante un pedido de tratamiento “sobre tablas”. De prosperar este mecanismo, la discusión podría derivar en una instancia extrema: la votación de una moción de censura para remover formalmente al funcionario de su cargo. Al no contar con dictamen previo de comisión, la iniciativa requiere de una mayoría especial de dos tercios de los votos para su aprobación en el recinto.
Sin embargo, fuentes legislativas explican que la oposición dura no se enfoca únicamente en el resultado numérico. Su estrategia secundaria contempla que, aun siendo rechazado el proyecto por falta de votos, la votación nominal obligará a los aliados del oficialismo a pagar el costo político ante la opinión pública de defender la gestión de Adorni. «Principio de revelación, a la inversa», grafican en los pasillos del palacio legislativo.
La volatilidad del Senado mantiene en alerta máxima a los despachos. “En el Senado tiene una dinámica muy distinta a Diputados y de golpe puede pasar algo como lo de Kueider y lo terminan echando”, reflexionaba un diputado de la oposición en estricto off the record, haciendo alusión directa a la reciente expulsión del senador entrerriano acusado de contrabando tras ser interceptado con miles de dólares no declarados en la frontera de Paraguay.
Diputados se mantiene en alerta a la espera de señales
Mientras el Senado define si abre o no sus puertas, las miradas se trasladan en paralelo a la Cámara de Diputados, cuerpo presidido por Martín Menem, donde las conversaciones y los alineamientos se mantienen plenamente activos. Si la sesión de la Cámara Alta finalmente se suspende, la presión para interpelar al jefe de ministros se trasladará con fuerza hacia la Cámara Baja, de cara a una convocatoria especial fijada para el 23 de junio.
La postura de las bancadas intermedias ha comenzado a endurecerse ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo nacional. Un integrante de un bloque “del medio” se mostraba confiado en las últimas horas debido a que emisarios del PRO les transmitieron de manera informal una advertencia severa para la Casa Rosada: si para el 23 de junio el Gobierno no toma la determinación de desplazar a Adorni de su cargo, la estructura que responde a Mauricio Macri bajará al recinto para dar quórum y habilitar el tratamiento de los proyectos de interpelación.
Desde la conducción del PRO aseguran estar esperando el desenlace de lo que ocurra en la Cámara presidida por Villarruel para coordinar los pasos siguientes junto con la Unión Cívica Radical (UCR). Será una “decisión conjunta del interbloque”, explicaron voceros de los espacios dialoguistas. Lo cierto es que los últimos comunicados emitidos por ambos partidos tras la presentación de la declaración jurada de Adorni han dejado un margen de acción sumamente estrecho, evidenciando que tanto el PRO como el radicalismo esperan que el Gobierno corra al funcionario o que este dé un paso al costado para evitar exponer a sus aliados parlamentarios.
El quiebre de la tolerancia entre las fuerzas aliadas quedó de manifiesto en las declaraciones públicas de Oscar Zago, referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y habitual socio legislativo de La Libertad Avanza. El legislador dejó en claro que su espacio no está dispuesto a asumir el desgaste de blindar la figura del vocero presidencial y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe resolver esta crisis interna por la vía administrativa, sin trasladar el costo institucional al Congreso de la Nación.
“Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”, disparó Zago en declaraciones periodísticas matutinas. En esa misma línea, el diputado desestimó las acusaciones vertidas desde los sectores más duros del oficialismo contra quienes promueven los pedidos de informes parlamentarios: “No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”.
El laberinto reglamentario que favorece al oficialismo en la Cámara Baja
A pesar de la virulencia del debate político, los analistas técnicos del Congreso señalan que la sesión convocada por la oposición para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados no representa un riesgo de destitución inmediata para Adorni. Esto se debe a que ninguno de los proyectos que contemplan avanzar con una moción de censura cuenta actualmente con el dictamen de las comisiones correspondientes. Al tener el oficialismo garantizado el control de más de un tercio de las bancas en Diputados, la posibilidad de aprobar una remoción “sobre tablas” queda prácticamente descartada en los papeles.
Bajo este esquema reglamentario, la estrategia de la oposición deberá enfocarse en conseguir una mayoría simple para aprobar un emplazamiento formal a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, y de Peticiones y Reglamento. El objetivo es obligar a estos cuerpos de trabajo —hoy controlados y paralizados por legisladores de La Libertad Avanza— a tratar y dictaminar los pedidos de interpelación y moción de censura. Sin ese paso administrativo previo, la oposición no podrá avanzar hacia la votación definitiva, extendiendo los tiempos de una novela política cuyo desenlace comenzará a escribirse en la crucial reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles.
