La Cámara de Apelaciones de Esquel confirmó la legalidad de la remoción de un consejero de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. y estableció que la asamblea de asociados tiene facultades para desplazar a sus administradores sin necesidad de iniciar previamente un sumario. La resolución fue adoptada de manera unánime por los jueces Jorge Luis Früchtenicht y Ricardo Rubén Enrique Hayes.
El conflicto judicial se originó en la asamblea ordinaria realizada el 31 de octubre de 2023, cuando los asociados de la entidad que presta servicios públicos en Esquel y Trevelin analizaron la conducta de uno de los integrantes del Consejo de Administración.
El dirigente había sido acusado formalmente de agredir físicamente a dos mujeres. Frente a la gravedad de las denuncias y a la pérdida de confianza planteada por los socios, la asamblea votó su inmediata remoción del cargo.
El consejero desplazado recurrió entonces a la Justicia Civil de Esquel para intentar dejar sin efecto lo resuelto y cuestionó la validez del acta asamblearia.
El exconsejero sostuvo que la decisión era inconstitucional porque la cooperativa no le había realizado un sumario administrativo previo que garantizara su derecho de defensa.
También planteó que, frente a las acusaciones, la entidad debía haber utilizado el procedimiento previsto para la exclusión de asociados y no removerlo directamente de su función dentro del Consejo de Administración.
El planteo fue rechazado en primera instancia en febrero de 2026, cuando la jueza de refuerzo Ana Lorena Beatove consideró que el procedimiento llevado adelante por la cooperativa no había sido arbitrario y que la decisión de la asamblea resultaba proporcional a las circunstancias analizadas.
El exconsejero apeló, pero la Cámara de Apelaciones de Esquel ratificó el fallo el 4 de septiembre y dejó firme su remoción.
Los camaristas centraron parte de su decisión en las facultades que la legislación cooperativa y los estatutos reconocen a las asambleas de asociados.
Según explicaron, los socios tienen la atribución de remover a los integrantes del Consejo de Administración en cualquier momento, incluso sin necesidad de expresar una causa.
Para fundamentar esa interpretación, los magistrados recurrieron a un principio clásico del derecho: “quien puede realizar lo más, tiene la potestad de realizar lo menos”.
En otras palabras, si los asociados cuentan con la facultad de desplazar a un consejero simplemente por una pérdida de confianza, también pueden hacerlo cuando existen hechos concretos y acusaciones graves que justifican esa pérdida de respaldo.
La Cámara sostuvo además que no corresponde exigir un sumario de exclusión disciplinaria cuando la decisión de la asamblea se limita a remover al administrador de su cargo y no afecta su condición de asociado.
La violencia de género como parte del análisis
Otro de los aspectos abordados por los jueces estuvo relacionado con las denuncias de violencia contra las mujeres.
La Cámara respaldó que la jueza de primera instancia hubiera considerado esos hechos al analizar la razonabilidad de la decisión tomada por la cooperativa. Los magistrados aclararon que esa valoración no implicó establecer una responsabilidad penal, sino determinar si existían elementos suficientes para comprender la pérdida de confianza que había motivado la decisión de los asociados.
En ese punto, remarcaron además la obligación de la Justicia argentina de aplicar los compromisos internacionales asumidos por el país para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.
El exconsejero había cuestionado además la forma en que fue convocada la asamblea y sostuvo que no había podido conocer su realización porque no había recibido una notificación en su domicilio particular.
El planteo tampoco prosperó. Los camaristas consideraron que la convocatoria había cumplido con las formalidades previstas mediante la publicación de los edictos de prensa correspondientes para los asociados.
Además, señalaron que un integrante del Consejo de Administración no puede alegar desconocimiento de las decisiones y movimientos de la propia entidad que integra, ni desentenderse de las normas cooperativas que aceptó cumplir al presentarse como candidato al cargo.
