El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick en respuesta a una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario.
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025, que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. El fallo sostiene que la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. Cormick argumentó que tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, no se admite una variante suspensiva para la promulgación y aplicación de la norma.
La resolución ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. El juez indicó que el incumplimiento ocasiona «perjuicios graves de imposible reparación ulterior» y señaló que el deterioro salarial compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El magistrado rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23% del PBI. Según el fallo, el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender.
La medida cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva. El fallo cuestionó que el Ejecutivo intentara condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior, lo que podría vulnerar el principio de división de poderes.
