Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario argentino. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió confirmar una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso que busca recomponer salarios y becas dentro del sistema de educación superior.
La decisión judicial fue adoptada con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación presentada por el Gobierno y ratificaron el fallo de primera instancia que había hecho lugar al planteo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Qué ordena el fallo
El tribunal dispuso que el Gobierno nacional debe ejecutar los artículos 5° y 6° de la ley, los cuales establecen medidas concretas para el sistema universitario.
En particular, esos artículos exhortan al Ejecutivo a actualizar los salarios de los docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de recomponer y actualizar las becas estudiantiles destinadas a alumnos del sistema.
La medida cautelar busca evitar que la norma quede sin aplicación mientras se resuelve el fondo del litigio judicial.
El origen del conflicto
El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue aprobado por el Congreso el año pasado en medio de fuertes reclamos del sistema universitario por el deterioro salarial y presupuestario.
Sin embargo, la norma fue vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo, que argumentó que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal.
Tras el veto presidencial, el tema volvió al Congreso, donde ambas Cámaras ratificaron la ley, lo que en principio obligaba al Ejecutivo a aplicarla.
La decisión del Gobierno y el inicio de la disputa judicial
Pese a esa ratificación legislativa, el Gobierno decidió suspender la ejecución de la ley, argumentando que el Congreso no había especificado el origen de los recursos necesarios para financiar las medidas previstas.
Ese escenario derivó en una controversia institucional que finalmente llegó a los tribunales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otras entidades del sistema universitario, presentó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la norma.
El primer fallo y la apelación
En una primera instancia, la Justicia había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por las universidades y ordenó al Gobierno avanzar con la aplicación de los artículos vinculados a salarios y becas.
El Ejecutivo apeló esa decisión, lo que llevó el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Finalmente, el tribunal de alzada confirmó el fallo inicial y rechazó los argumentos del Gobierno, generando un revés judicial para la administración nacional.
El fallo no resuelve todavía el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad o la viabilidad fiscal de la ley, pero sí establece que los artículos referidos a salarios y becas deben ser aplicados mientras continúa el proceso judicial.
