En el marco de una investigación por presuntas irregularidades patrimoniales, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti. La resolución judicial, que busca profundizar en la ruta del dinero del actual jefe de Gabinete, coincide con la declaración testimonial de Leandro Miano en Comodoro Py, un empresario vinculado a la venta de un departamento en Caballito cuya financiación está bajo la lupa de la Justicia.
Investigación sobre el origen de los fondos
La medida adoptada por el magistrado tiene como objetivo principal determinar si el secreto fiscal de Manuel Adorni oculta inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida. La Justicia pone el foco en la adquisición de dos propiedades: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Según la investigación, los gastos en viajes internacionales y las deudas contraídas no coincidirían con el sueldo percibido por el funcionario, tanto en su rol previo como vocero presidencial como en su actual cargo de ministro. Testigos de la causa ya aportaron facturas que indican que las reformas en su casa de campo habrían costado cerca de 245.000 dólares, abonados presuntamente en efectivo.
Los vínculos con el productor Marcelo Grandio
Además del levantamiento del secreto fiscal, Lijo ordenó peritar las comunicaciones de Manuel Adorni con su amigo, el periodista y productor Marcelo Grandio. La mira está puesta en un viaje realizado a Punta del Este en avión privado durante el último feriado de Carnaval.
Grandio, a través de su productora ImHouse, mantiene contratos vigentes con la TV Pública, organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) será la encargada de analizar estos contactos para determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
Declaraciones clave en Comodoro Py
Este miércoles, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración a Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que vendió la propiedad de Caballito a Adorni. Según consta en el expediente, el funcionario todavía adeudaría 200.000 dólares por dicha operación.
Previamente, el socio de Miano, Pablo Feijoo, declaró que el jefe de Gabinete habría pactado un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura traslativa de dominio, lo que agrava la situación procesal respecto a la transparencia de sus transacciones inmobiliarias desde su llegada al Gobierno Nacional.
