El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del denominado protocolo antipiquetes, diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. La decisión se tomó a partir de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la legalidad y constitucionalidad de la Resolución 943/23.
En su fallo, el magistrado sostuvo que la norma carece de los requisitos esenciales para ser considerada un acto administrativo válido. “Se conforma —de manera manifiesta— la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y —en consecuencia— corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1° de la ley 16.986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7° de la ley 19.549”, indicó Cormick en el texto de la sentencia.
Además, el juez dejó abierta la posibilidad de que las personas que se hayan visto perjudicadas por la aplicación del protocolo realicen denuncias individuales ante la Justicia Penal. En ese sentido, precisó que “las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo —Resolución 943/23— deberán, de modo individual, denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.
La postura del CELS
Tras conocerse el fallo, el CELS celebró la decisión judicial y remarcó el alcance institucional de la sentencia. “La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, señaló el organismo en un posteo publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Desde la entidad explicaron que el juez consideró que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad, la resolución avanzó sobre competencias que no le corresponden al Poder Ejecutivo. “El juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle ‘instrucciones a la policía’, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”, detallaron.
En ese marco, el CELS fue más allá y afirmó que el Ministerio de Seguridad “legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.
Aplicaciones recientes y causas abiertas
El protocolo antipiquetes tuvo su última aplicación a mediados de diciembre, durante la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. En esa oportunidad, el operativo de seguridad se llevó adelante cuando la cartera estaba a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, quien sucedió a Bullrich en el cargo.
En paralelo, continúa en trámite una causa judicial vinculada a la aplicación de ese procedimiento, que busca esclarecer los hechos ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En esa jornada, el reportero gráfico Pablo Grillo se encontraba a metros del edificio del Anexo del Senado cuando, mientras intentaba tomar imágenes de la protesta, recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno, lo que provocó su caída al suelo y generó una fuerte conmoción en el ámbito periodístico y de derechos humanos.
