El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno nacional su puesta en marcha inmediata. La medida fue dictada por el juez federal Martín Cormick al hacer lugar a los amparos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado dejó sin efecto el condicionamiento impuesto por el Poder Ejecutivo que sujetaba la aplicación de la norma a la definición de partidas presupuestarias por parte del Congreso.
La resolución y la división de poderes
En su fallo, el magistrado cuestionó la utilización del artículo 5° de la Ley de Administración Financiera en el decreto de promulgación, al sostener que funcionó en la práctica como un mecanismo de veto no contemplado en la Constitución Nacional. Cormick remarcó que, habiendo el Congreso insistido con la ratificación del texto por dos tercios de los votos tras el veto presidencial previo, el Ejecutivo no tenía margen legal para detener la vigencia efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, la sentencia señaló que la propia norma ya contemplaba mecanismos de financiamiento en su artículo 9° mediante la reasignación de partidas y la recaudación excedente.
La demanda unificó las presentaciones del CIN, junto a gremios y universidades de todo el país —con impacto en las casas de altos estudios de Chubut y la Patagonia—, y la acción individual de la UBA. Los demandantes expusieron una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente durante los ejercicios 2024 y 2025 debido a la prórroga presupuestaria, lo que afectó también el funcionamiento de hospitales universitarios y sedes académicas.
El fallo y los acuerdos paritarios
Frente a la postura de la representación estatal, que justificaba la suspensión en un riesgo sobre la sostenibilidad fiscal de más de un billón de pesos, la resolución judicial destacó que el propio presupuesto nacional sufrió múltiples modificaciones por decreto a lo largo de 2025. En este sentido, la Justicia consideró irrazonable anteponer normativas generales pasadas por sobre una ley especial y posterior sancionada por el Poder Legislativo.
El dictamen resolvió la cuestión de fondo para remover el obstáculo normativo, e incorporó la homologación de las actas paritarias alcanzadas en junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios. Dichos acuerdos establecieron una pauta de recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento a partir de junio de 2026, refuerzos para hospitales universitarios y un aumento en las Becas Manuel Belgrano. Con esta resolución, el Estado Nacional deberá dictar la reglamentación necesaria para asegurar la transferencia de recursos a todo el sistema universitario nacional.
