El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, rechazó el recurso de queja presentado por un exdelegado sindical, confirmando así su despido de una empresa en la localidad de Ingeniero Jacobacci. La decisión judicial llega tras acreditarse que el hombre se ausentó de su puesto de trabajo durante 98 días en un periodo de diez meses, sumado a comportamientos de violencia laboral contra personal jerárquico.
La exclusión de la tutela sindical
El proceso judicial fue complejo debido a que el empleado contaba con la protección especial que otorga la Ley 23.551 para quienes ejercen roles gremiales. Antes de proceder al despido, la empresa debió iniciar un juicio de exclusión de tutela para retirar dicha inmunidad.
La Cámara Laboral de Bariloche, en una instancia previa, determinó que el uso desmedido de permisos sindicales —sin aviso previo ni coordinación— afectó gravemente la planificación productiva de la firma. Según el fallo, estas acciones rompieron el deber de buena fe y colaboración que rige cualquier contrato de trabajo.
Antecedentes de violencia y ausentismo
El tribunal no solo puso el foco en las inasistencias. La causa incorporó pruebas sobre asambleas realizadas sin autorización que interrumpieron la producción en diversos turnos.
Además, se consideró una sentencia previa que probó conductas de violencia laboral ejercidas por el delegado hacia una gerente de la empresa. El conjunto de estas faltas fue calificado por la Justicia como una «injuria de entidad suficiente» para justificar el quiebre del vínculo laboral, a pesar del cargo representativo del trabajador.
El fallo definitivo del STJ
Tras ser notificada de la exclusión de la tutela, la empresa procedió al despido inmediato. El trabajador intentó impugnar la medida alegando que la sentencia no estaba firme y que su protección seguía vigente. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia desestimó estos argumentos.
El máximo tribunal rionegrino señaló que el recurso de queja no logró refutar los fundamentos de las sentencias anteriores. Al no presentarse nuevas pruebas que revirtieran los hechos ya probados en las instancias de Bariloche, el STJ dio por cerrado el caso en el fuero provincial, dejando firme la desvinculación del operario.
