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La jueza Mariel Suárez fue destituida por «besar a un preso»

El Tribunal declaró la culpabilidad y dictó la destitución de la jueza que fue filmada besando al preso Cristian “Mai” Bustos en el IPP de Trelew.

En una votación dividida el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió hoy declarar un veredicto de culpabilidad y por mayoría dictó la destitución de la doctora, Mariel Alejandra Suárez por mal desempeño. La jueza penal de Comodoro Rivadavia había protagonizado un video en el que se la observaría besando al recluso  Cristian “Mai” Bustos, en las instalaciones del Instituto Penitenciario de Trelew. En su defensa, Suárez había negado haber besado al homicida, justificando su visita a este último en el marco de un libro que se encontraría escribiendo sobre su historia.

La jueza a los besos con «Mai» Bustos

El STJ comprobó que la magistrada de Comodoro Rivadavia ingresó a visitar a Bustos el miércoles 29, un día después de la última condena en el juicio que ella presidió, y el jueves 30 de diciembre al IPP de Trelew  “con la finalidad de escribir un libro”, en el marco de una supuesta labor académica.

Las cámaras de la sala donde se concretaron los encuentros los expusieron: en las imágenes se ve a la magistrada y al preso que se abrazan, se toman fotos y, aparentemente, se besan en la boca, además de compartir un mate y alimentos. Un oficial del IPP fue quien denunció el hecho ante sus superiores.

La imagen muestra a la jueza con el preso Mai Bustos
Una captura del video de las cámaras del IPP muestra el momento de la visita.

La lectura completa del fallo será el viernes 24 de noviembre

Así lo han comunicado en la tarde de este miércoles 15 de noviembre tras concluir la etapa de debate y alegatos en el marco de los expedientes caratulados «Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/denuncia contra la Dra. Mariel Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia — Sumario N° 145/2022 CM», contenidos en el Expte. N°59 del año 2022 y también en los autos identificados como “Sr. Ignacio Agustín Torres y otros/as contra la Dra. Mariel Alejandra Suárez, Jueza Penal de Comodoro Rivadavia» y el sumario interno del Superior Tribunal de Justicia.

En cuanto a la votación, la Diputada Provincial Claudia Mariela Williams, el abogado Miguel Ángel Barletta y el Dr. Daniel Esteban Báez -este último presidente del tribunal- votaron de manera afirmativa por la destitución, en tanto que votaron en contra la Diputada Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

De manera previa, y en horas de la mañana, la magistrada sometida a jury hizo uso de su derecho a declarar. En una extensa exposición, desestimó todos los cargos en su contra y cuestionó la constitucionalidad de la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura que tuvo a su cargo la acusación sobre los hechos.

Ratificación de los hechos

A su vez, la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura ratificó en los alegatos la totalidad de los cargos expuestos a lo largo del proceso, en cuanto a imparcialidad de la magistrada respecto a su desempeño a lo largo del juicio contra Cristian “Mai” Bustos sustanciado en Esquel en el mes de diciembre de 2021, como así también el hecho de falsear la verdad retrasando actos propios de su función propios del juez penal, al ausentarse de su jurisdicción estando de guardia.

Por último, se ratificó la acusación por la conducta indecorosa demostrada por la jueza penal en ocasión de la visita al Mai Bustos en fecha 29 y 30 de diciembre de 2021. Tanto para el Dr. Früchtenicht como para el Dr. Burgueño Ibarguren, la conducta desplegada en ocasión de los hechos endilgados configuró la causal de mal desempeño y por ello solicitaron al Tribunal que se disponga su restitución.

Rechazo de la acusación

Tanto el Defensor General alterno, Dr. Jorge Benesperi, como así también la propia jueza, rechazaron los términos de la acusación y aseguraron que la magistrada no se apartó de sus funciones durante y con posterioridad al juicio efectuado en oportunidad de juzgarse la conducta de Bustos en cuanto a la autoría del homicidio del policía Tito Roberts en Corcovado. En su defensa, argumentaron que todo el proceso se basó en la difusión de un video registrado en el Instituto Penitenciario Provincial, el cual fue tomado y difundido de manera ilegal, lo cual afectaría la legalidad del proceso llevado adelante.

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