La Fiscalía pidió que Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, por haber transferido presuntamente $22.765.769 de la cuenta del sindicato a cuentas personales entre agosto de 2019 y mayo de 2023. El planteo fue formulado por el fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, durante los alegatos finales del juicio oral ante la jueza Karina Breckle.
La acusación sostiene que el dirigente dispuso de fondos pertenecientes al gremio sin rendir cuentas sobre su destino. Las dos querellas que intervienen en el proceso acompañaron la hipótesis de la Fiscalía y coincidieron en el pedido de responsabilidad penal.
Según expuso Papini, el dinero provenía de las cuotas sindicales que el Estado descontaba de los salarios de los trabajadores y depositaba en una cuenta institucional del Banco del Chubut. Desde allí se realizaron transferencias por más de $22,7 millones hacia cuentas personales de Quiroga.
La pericia contable permitió reconstruir el destino de esos fondos. De acuerdo con la trazabilidad presentada durante el debate, el dinero habría sido utilizado para pagar tarjetas de crédito, comprar bienes muebles, abonar una membresía deportiva, realizar viajes al exterior y efectuar transferencias a sus hijos.
Los movimientos de dinero bajo análisis
Uno de los ejes centrales del alegato fiscal fue la diferencia entre los ingresos declarados y los gastos del acusado durante el período investigado. Papini sostuvo que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, Quiroga tuvo ingresos legítimos por $13.325.936, mientras que sus gastos alcanzaron los $30.338.917.
La diferencia, de $17.012.981, resulta compatible con los fondos que salieron de las cuentas del sindicato, según la interpretación de la Fiscalía.
El fiscal también señaló que Quiroga no percibía una remuneración de ATE por sus funciones como secretario general, ya que se encontraba con licencia gremial y sus haberes eran abonados por el Estado.
Otro punto cuestionado fue la falta de rendiciones de cuentas ante los afiliados. Según la acusación, desde 2019 no se realizó ningún congreso provincial para informar el destino de los fondos sindicales, pese a que el estatuto establece la obligación de convocar a esa instancia cada año.
Durante el juicio, testigos presentados por la defensa afirmaron que Quiroga les entregaba $700.000 mensuales cuando no cobraban sus salarios como auxiliares de la educación. Papini puso en duda esos testimonios y sostuvo que la defensa no presentó pruebas suficientes para refutar la hipótesis de la acusación ni los elementos reunidos durante la investigación.
El veredicto se conocerá el miércoles
En el tramo final de la audiencia, la denunciante Claudia Barrionuevo hizo uso de la palabra y pidió justicia. “No todos los sindicalistas son iguales”, expresó.
Por su parte, Quiroga sostuvo su inocencia al realizar sus últimas declaraciones ante la jueza.
Luego de escuchar a las partes, Breckle informó que utilizará el plazo legal de cinco días hábiles para resolver. El veredicto será leído el miércoles próximo, en una nueva audiencia oral y pública, en un horario que deberá determinar la Oficina Judicial de Rawson.
Al cerrar su exposición, Papini afirmó que la Fiscalía había cumplido con la carga probatoria a través de las pruebas testimoniales, documentales y periciales producidas durante el debate. También pidió que se impongan al acusado las costas y los gastos del proceso.
“Quiroga no rindió cuentas ante ningún órgano del sindicato”, sostuvo el fiscal, quien consideró que los hechos expuestos durante el juicio habían quedado acreditados. La resolución de la jueza determinará si corresponde atribuirle responsabilidad penal por el delito previsto en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal.
