La fiscalía solicitó este miércoles la pena de prisión perpetua para Néstor Pavón, acusado de ser coautor del abuso sexual seguido de femicidio de Micaela García, en el marco del segundo juicio oral que se desarrolla en los Tribunales de Gualeguay, Entre Ríos. El Ministerio Público Fiscal argumentó que la agresión constituyó una acción planificada de manera conjunta con Sebastián Wagner, quien ya cumple una condena a prisión perpetua por el crimen cometido en abril de 2017.
La acusación de la fiscalía en el juicio por el femicidio de Micaela García
Durante los alegatos de clausura, el fiscal Gamal Taleb describió el ataque contra la joven de 21 años como una cacería planificada para someter y matar. La hipótesis fiscal planteó que entre Pavón y Wagner existía una relación desigual —donde el imputado ocupaba el rol de jefe y Wagner el de empleado dependiente—, dinámica que resultó determinante para la ejecución del hecho. Según la acusación, ambos captaron a la víctima contra su voluntad, la trasladaron en un vehículo hasta una zona alejada, la abusaron sexualmente y la mataron para evitar ser descubiertos, ocultando posteriormente el cuerpo.
Por su parte, la fiscal Maite Burruchaga remarcó que se trabajó durante nueve años para alcanzar una justicia real. Entre los elementos probatorios destacados por la acusación figuran las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el seguimiento a la joven, testimonios de vecinos que escucharon gritos de auxilio, el hallazgo de una sandalia en el lugar de la interceptación y los restos de cabello arrancados durante el forcejeo, evidencias que sostienen que Wagner no actuó solo. Asimismo, la fiscalía imputó a Pavón haber facilitado la posterior fuga de Wagner hacia Buenos Aires mediante transporte y dinero.
Un nuevo juzgamiento tras la decisión de la Corte Suprema
El proceso judicial actual busca determinar si el acusado tuvo una participación directa en el abuso sexual seguido de femicidio de Micaela García. En el primer debate realizado en 2017, Pavón había sido condenado a cinco años de prisión únicamente por el delito de encubrimiento agravado. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto dicho fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio al considerar arbitraria la valoración de las pruebas presentadas.
Durante su declaración ante los jueces, el imputado negó su participación en el crimen, sostuvo su inocencia y afirmó haber recibido presiones para declararse culpable. Tras el pedido de pena máxima formulado por la fiscalía y acompañado por la querella, la defensa solicitará la absolución, quedando la resolución final a cargo del tribunal de Gualeguay.
