La causa por violencia de género contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, atraviesa horas decisivas para definir si finalmente será elevada a juicio oral y público. La ex primera dama Fabiola Yañez, quien lo denunció por golpes, amenazas y maltratos ocurridos antes y durante su estadía en la Quinta de Olivos, rechazó de manera contundente un intento de la defensa por rehacer desde cero la investigación y reclamó que no se demore más el avance del expediente.
A través de sus abogadas, Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yañez se presentó este jueves ante el juez federal Daniel Rafecas con un escrito de seis páginas, en el que calificó la estrategia del exmandatario como “otro burdo intento de eludir la justicia” y advirtió que el proceso tiene “altas chances de terminar en condena”. La opinión de la querella era el último paso que aguardaba el magistrado antes de pronunciarse sobre el futuro de la causa, que se encuentra a un paso del debate oral.
El planteo de la defensa y el rechazo judicial
Alberto Fernández solicitó que la causa vuelva a foja cero, argumentando que gran parte de la instrucción estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado del caso por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una supuesta enemistad con el expresidente. No obstante, en ese mismo fallo, los camaristas aclararon que la recusación se otorgaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”, lo que deja en pie toda la investigación realizada.
En línea con esta interpretación, el fiscal federal Ramiro González, quien encabezó la pesquisa, se manifestó de manera categórica contra el pedido de la defensa. En un dictamen contundente, sostuvo: “Parece un recurso habitual por parte del imputado, en un afán de protagonismo y centralidad, ubicarse como víctima de un proceso en el que Fernández es quien atormentó, golpeó, lastimó y amenazó a una mujer, su por entonces pareja, Fabiola Yáñez”.
La postura de la querella
En su presentación ante Rafecas, la representación legal de Yañez advirtió que retrotraer el proceso a sus inicios implicaría una revictimización, y subrayó que la causa ya fue examinada por distintos fiscales y atravesó múltiples instancias revisoras, que confirmaron tanto la legalidad del trámite como la necesidad de investigar los hechos denunciados.
“En su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite”, señala el escrito.
El documento también refutó la teoría defensiva que sugiere una manipulación de la voluntad de Yañez al momento de denunciar, calificando esa afirmación como un nuevo acto de violencia psicológica, al subestimar la capacidad de decisión de la mujer y negar su autonomía.
La prueba y los cuestionamientos
Otro de los ejes de la discusión es el origen de las pruebas, en particular los chats encontrados en el teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del expresidente. Esos mensajes, intercambiados con Yañez, fueron hallados durante un peritaje en la causa Seguros y resultaron clave para impulsar la investigación por violencia de género.
La querella sostuvo que, si existieron irregularidades en ese expediente, debieron ser cuestionadas en ese ámbito y no en esta causa. Además, criticó duramente la postura de Fernández frente al accionar judicial: “A juicio de lo expresado en el escrito de la defensa, el Poder Judicial únicamente actúa conforme a derecho cuando le da la razón. De lo contrario, es un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables”.
Alberto Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya solicitaron formalmente la elevación a juicio oral, por lo que ahora la decisión final está en manos del juez Rafecas.
Con información de Infobae
