La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la disputa judicial por la reforma laboral. Con la firma de los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal determinó que no se cumplen los requisitos legales para saltear las instancias inferiores de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
Un revés judicial para la estrategia oficial
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, había presentado este recurso excepcional el pasado 16 de abril. El objetivo era que la Corte interviniera de manera inmediata en el expediente que analiza la constitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sin esperar las resoluciones de las cámaras de apelaciones.
Sin embargo, en el fallo emitido hoy en Buenos Aires, la Corte sostuvo que «no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía». De esta manera, el recurso fue declarado inadmisible, ordenándose su notificación y archivo.
El conflicto por la reforma laboral
La causa tiene su origen en una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional. En primera instancia, un juez había declarado la inconstitucionalidad de gran parte de la reforma, decisión que luego fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, restituyendo la vigencia de la norma.
Ante este escenario, el Ejecutivo buscó acelerar los tiempos procesales mediante el per saltum, una herramienta de «marcada excepcionalidad» que solo debe aplicarse en casos de notoria gravedad institucional.
¿Qué implica el rechazo del per saltum?
Al desestimar el «salto de instancia», la Corte Suprema obliga a que el caso siga su trámite ordinario. Esto significa que:
- La causa continuará su curso en los tribunales de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
- El máximo tribunal solo intervendrá una vez que existan sentencias definitivas de las instancias previas.
- Por el momento, se mantiene la situación jurídica actual respecto a la Ley 27.802 conforme a los últimos fallos de las cámaras de apelaciones.
La normativa vigente establece que el per saltum solo procede cuando es necesario para evitar «perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior» y cuando el tema excede el interés de las partes, comprometiendo las instituciones del sistema republicano. En este caso, la Corte consideró que dichas condiciones no fueron acreditadas de forma suficiente por el Gobierno.
