Este 5 de noviembre de 2026, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político a Santiago Peña con 78 votos a favor, a pesar de que el mandatario ya había presentado su renuncia al cargo. La medida se originó tras la profunda crisis financiera y la intervención del Ueno Bank, un escenario que provocó la pérdida de apoyo político del oficialista Partido Colorado liderado por Horacio Cartes.
Votación en Diputados y rechazo de la renuncia
Durante la sesión extraordinaria, los 78 legisladores presentes votaron a favor del libelo acusatorio por mal desempeño de funciones. En la misma jornada, la Cámara baja rechazó iniciar un proceso contra el vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.
Ante este escenario, el expediente del juicio político a Santiago Peña pasó a la Cámara de Senadores. Los legisladores que impulsan la medida sostienen que no basta con la dimisión del presidente, ya que buscan una declaración de culpabilidad para impedir que termine su mandato como senador vitalicio.
Las diferencias jurídicas entre renunciar o ser destituido
El marco constitucional paraguayo establece distintas consecuencias legales según la vía de salida del mandatario:
- Si se acepta la renuncia: La Constitución determina en su artículo 189 que los expresidentes elegidos democráticamente pasan a ser senadores vitalicios. Si bien no tienen voto, obtienen voz y protección parlamentaria, quedando sujetas a un proceso de desafuero en caso de causas judiciales.
- Si avanza la destitución: El artículo 225 habilita el juicio político por mal desempeño o delitos. Si el Senado actúa como tribunal y lo declara culpable, el artículo 189 establece de forma expresa que no podrá convertirse en senador vitalicio, un objetivo clave para los sectores que buscan rechazar su dimisión.
