Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en todo el país, en la que fue calificada como la ola de protestas «más grande de la historia» de Israel. Las protestas tienen como eje el rechazo a los planes del gobierno de Benjamin Netanyahu para limitar los poderes de la Corte Suprema.
Entre el equilibrio y el caos en las calles
Según los especialistas, la iniciativa perjudicaría severamente la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes, poniendo en riesgo la democracia. Por su parte, el primer ministro Netanyahu sostuvo que las reformas buscan «restablecer el equilibrio» entre los distintos sectores del gobierno.
Las movilizaciones también generaron una profunda división o «grieta» entre los propios israelíes, al tiempo que el líder de la oposición, Yair Lapid, advirtió que Israel atraviesa la «mayor crisis» de su historia.
La ciudadanía protesta
Desde hace diez semanas, las movilizaciones se replican e intensifican, a medida que las reformas impulsadas por el gobierno se encaminan a concretarse. El fin de semana, medio millón de manifestantes salieron a las calles, y solamente en Tel Aviv se registraron 200 mil personas protestando.
Las modificaciones en el sistema de Justicia, según los especialistas, son la base de la política a la que apunta la nueva coalición nacionalista-religiosa de Israel que se conformó en diciembre y es actualmente conducida por Netanyahu. Asimismo, la iniciativa permitiría al gobierno tener una influencia decisiva en la elección de los jueces, limitando el espectro de la Corte Suprema para fallar en contra del Ejecutivo Nacional.
Equilibrio de poderes
Concretamente, el Poder Legislativo -también referenciado como el Knéset- podría anular los fallos de la Corte Suprema con mayoría simple, e incluso elminar algunas leyes de la revisión judicial por completo. Y, como actualmente Israel no cuenta con una Constitución y dispone únicamente de una Cámara Parlamentaria controlada por la coalición que actualmente gobierna, la serie de reformas que encendieron las protestas civiles podrían poner en jaque al sistema político y el equilibrio de poderes.
