La Procuración del Tesoro de la Nación puso en marcha una investigación interna ante la sospecha de “filtraciones” vinculadas al litigio internacional por la expropiación de YPF, que se tramita en Nueva York. Según confirmaron fuentes oficiales, la pesquisa incluye una purga de personal y se anticipó que serán despedidos quienes resulten identificados como responsables de una posible “venta de información” al fondo Burford.
De manera paralela, el miércoles por la noche se difundió un comunicado institucional en el que se anunció “una inmediata reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento” y “contribuir a la reducción del gasto público”. En ese marco, se oficializó la salida de “más de 60 desvinculaciones” dentro del organismo, que agrupa a los abogados del Estado. La resolución fue confirmada posteriormente en el Boletín Oficial.
Desde la Procuración del Tesoro evitaron confirmar si las últimas cesantías están directamente relacionadas con las sospechas en torno al caso YPF. Solo indicaron que los despidos vienen aplicándose desde diciembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión, y que no brindarían precisiones sobre la cantidad de desvinculaciones recientes. “Sin comentarios”, fue la escueta respuesta.
En el mismo documento difundido por el organismo se detalló que, como parte de la reestructuración, se redujeron de seis a cuatro las direcciones nacionales y se dispuso la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde el Gobierno, en tanto, habían anticipado que la depuración dentro de la Procuración está siendo conducida por Santiago Castro Videla, actual segundo procurador del Tesoro, quien asumió su cargo en febrero tras la salida inesperada de Rodolfo Barra.
“Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, señalaron desde fuentes oficiales. A su vez, subrayaron la gravedad de la situación: en la Procuración del Tesoro se gestionan litigios que involucran cifras multimillonarias, por lo que “las filtraciones de estrategias judiciales que son reservadas podrían conllevar a fuertes daños al erario público”.
Reactivación de la causa judicial y conflicto legal
En las últimas horas se reactivó una causa judicial que involucra a Carlos Zannini por presuntas irregularidades en el proceso de reestatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hecho que dio origen al conflicto legal que actualmente se dirime en tribunales de Nueva York.
El litigio por la expropiación de la petrolera lleva más de una década en curso en la justicia estadounidense y recobró impulso hace dos semanas, luego de que la jueza neoyorquina Loretta Preska ordenara al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital.
Desde entonces, el Gobierno ha adoptado distintas acciones: solicitó la suspensión de la medida y confirmó que apelará el fallo en lo que respecta al fondo de la cuestión. Además, el martes, logró obtener una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia de acciones. Por otro lado, las autoridades argentinas niegan categóricamente que existan negociaciones en curso con los fondos Burford y Eton Park.
