La Justicia de Sarmiento abrió una investigación contra un oficial de la Policía del Chubut acusado de detener de manera presuntamente irregular a un joven, agredirlo mientras permanecía encerrado en un calabozo y luego incorporar información falsa en un acta oficial. Se trata de Martín Reyes Reinoso, de 25 años, quien quedó formalmente imputado por tres delitos.
La audiencia se realizó este lunes en la sala de audiencias N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento, donde la Fiscalía solicitó la apertura de la investigación preparatoria de juicio. El pedido fue presentado por la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria de Fiscalía Tamara Bernardi, quienes expusieron ante el juez penal Alejandro Rosales los hechos que deberán ser investigados y los elementos de prueba reunidos hasta el momento.
El magistrado resolvió formalizar la investigación preparatoria en relación con los hechos planteados por el Ministerio Público Fiscal y bajo las calificaciones legales provisorias propuestas por la acusación.
Una detención durante la madrugada
Según la denuncia y la hipótesis que deberá ser investigada, el episodio que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del 18 de octubre de 2025, en las inmediaciones de un local bailable ubicado en el barrio Pioneros de Sarmiento.
Los investigadores sostienen que, en ese contexto, Reyes Reinoso habría ordenado, sin una justificación válida, que un joven fuera esposado y trasladado hasta la comisaría local en calidad de contraventor. La Fiscalía considera que esa intervención podría configurar el delito de privación ilegítima de la libertad.
El caso no se limitaría, según la acusación, a las circunstancias de la detención. Una vez trasladado el joven a la dependencia policial, el oficial habría tenido un segundo comportamiento que ahora forma parte de la investigación: la presunta agresión física contra el detenido dentro de un calabozo.
Ese episodio es analizado por la Fiscalía bajo la figura de vejaciones, mientras que el tercer hecho atribuido al policía se vincula con la documentación oficial confeccionada posteriormente.
La acusación apunta también a un acta policial
Para el Ministerio Público Fiscal, la investigación debe determinar además si el oficial incorporó información falsa en un acta de intervención policial vinculada con el procedimiento.
La Fiscalía sostuvo durante la audiencia que Reyes Reinoso habría redactado un documento oficial con datos que no se corresponderían con lo sucedido. Por esa razón, el tercer hecho fue encuadrado provisoriamente como falsificación de documento público agravada.
La acusación deberá ahora profundizar en qué información fue consignada en el acta, cuál habría sido la diferencia con lo ocurrido efectivamente y qué elementos permiten sostener, en esta etapa inicial, que el documento pudo haber sido adulterado de manera deliberada.
Se trata de un aspecto relevante de la investigación porque, además de analizarse el procedimiento realizado aquella madrugada, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió después y cómo quedó registrado oficialmente el operativo.
Seis meses para avanzar con la investigación
Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron también los elementos de prueba que lograron reunir hasta el momento y solicitaron un plazo de seis meses para completar la investigación preparatoria.
Ese período permitirá avanzar con nuevas medidas destinadas a reconstruir las circunstancias de la detención, establecer qué ocurrió dentro de la dependencia policial y profundizar sobre el contenido del acta cuestionada.
La Fiscalía también solicitó una medida destinada a evitar nuevos contactos entre las personas involucradas: pidió que se imponga al imputado una prohibición de contacto y acercamiento respecto de la víctima.
La medida fue planteada dentro del marco de la investigación y apunta a preservar el desarrollo de las pesquisas mientras se producen nuevas pruebas.
El policía no declaró y la defensa no se opuso
Durante la audiencia, Reyes Reinoso tuvo la posibilidad de brindar su versión de los hechos. Sin embargo, decidió no declarar en esta instancia del proceso, haciendo uso de uno de los derechos que le corresponden como persona imputada.
La representación legal estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública, quienes no formularon oposición a los planteos realizados por la Fiscalía durante la audiencia.
De esta manera, el proceso continuará ahora en su etapa investigativa, con un plazo de seis meses para que la acusación reúna nuevos elementos y determine si cuenta con fundamentos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación y posterior juicio.
Por el momento, las imputaciones tienen carácter provisorio y la apertura de la investigación no implica una declaración de culpabilidad. Será el avance de las medidas probatorias el que permita establecer qué ocurrió aquella madrugada de octubre, cuál fue el accionar concreto del oficial y si los hechos denunciados pueden ser acreditados judicialmente.
