La audiencia de apertura de investigación contra un ex policía federal y un empresario, acusados de haber intentado extorsionar al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se realizó este martes 21 de abril por la mañana.
La instancia judicial inició alrededor de las 7:30 en la sala de audiencias de la Oficina Judicial, bajo la intervención de la jueza penal María Inés Bartels. En este marco, se formulan cargos contra H.M.I., exintegrante de la Policía Federal, y el empresario G.D.C.
Según consta en la denuncia, ambos habrían abordado al jefe comunal en dos oportunidades para exigirle el pago de importantes sumas de dinero en moneda extranjera. A cambio, le habrían ofrecido evitarle supuestos inconvenientes judiciales o administrativos, en un contexto de presión que fue rechazado por Sastre.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ivana Berazategui junto al funcionario Cristian Coto, quienes durante la audiencia solicitaron la apertura formal de la causa penal.
Los imputados, por su parte, tuvieron la posibilidad de prestar declaración ante la magistrada. La causa fue calificada de manera provisoria como “extorsión en grado de tentativa”, en carácter de coautores, lo que implica la presunta intención de obtener un beneficio económico mediante amenazas, aunque sin que se haya concretado el pago.
En cuanto a las defensas, el empresario contó con la representación legal de Daniel Báez, mientras que el ex policía federal fue asistido por un defensor público.
¿Cómo seguirá el caso?
La audiencia de este martes pasó a un cuarto intermedio a la espera de la resolución de la jueza Bartels. Durante la jornada, además, las defensas de los acusados presentaron distintos planteos orientados a frenar el avance del proceso, solicitando el sobreseimiento y la no apertura de la investigación.
Por su parte, la fiscal general Ivana Berazategui afirmó que hay pruebas suficientes para impulsar la apertura de la investigación, en función de la imputación a los acusados por el delito de extorsión en grado de tentativa, originada a partir de la denuncia del intendente.
La magistrada se tomará el plazo legal correspondiente, que podría extenderse por unos tres días, y dará a conocer su decisión en una nueva audiencia.
