La inteligencia artificial en la Justicia impone un debate profundo sobre sus alcances, límites y la necesidad de contar con reglas claras en los poderes judiciales del país. Ante el avance vertiginoso de estas herramientas tecnológicas, la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi Saavedra, y el especialista Rodrigo Campos Alvo, de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de Tucumán, analizaron los desafíos éticos, la falta de una legislación nacional unificada y el impacto de este fenómeno en los procesos judiciales.
El escenario actual exige balancear la agilización de las tareas operativas con el resguardo de la función jurisprudencial, un rol que las autoridades coinciden en señalar como estrictamente indelegable.
Cambio de paradigma y normas para la inteligencia artificial en la Justicia
En Chubut, la incorporación de las herramientas tecnológicas motivó definiciones institucionales concretas desde el máximo órgano judicial. Camila Banfi Saavedra equiparó este momento histórico con la transformación experimentada años atrás al pasar de los expedientes escritos a la oralidad en el fuero penal.
«Hoy hay otros elementos que atraviesan nuestro trabajo, como por ejemplo la irrupción de la inteligencia artificial en la Justicia, en nuestros tribunales. Nosotros como Superior Tribunal hemos resuelto y hemos sacado acuerdos plenarios relacionados con esto, con las cuestiones que nos están haciendo cambiar de manera gravitante nuestra forma de trabajo», explicó la ministra. Asimismo, sostuvo que si bien el fuero local cuenta con un acuerdo plenario que regula la actividad, resulta indispensable revisar de forma constante los criterios para ajustar las pautas de actuación destinadas a jueces y juezas.
Los límites de la tecnología y el criterio profesional
Por su parte, Rodrigo Campos Alvo remarcó la importancia de diferenciar el uso de la tecnología como asistencia para el estudio o la sistematización de jurisprudencia de las aplicaciones generativas. El especialista advirtió sobre la ausencia de un marco normativo unificado a nivel nacional, señalando que mientras cada provincia aborda la materia de forma autónoma, es prioritario establecer qué funciones no pueden ser transferidas a un software.
«Va a requerir una preparación de los usuarios para saber cuál es el marco normativo y los límites: qué se le puede pedir y qué no, y a dónde no se puede delegar una responsabilidad profesional. Ni en otra persona ni en un colega lo haríamos, tampoco lo haríamos con una inteligencia artificial», enfatizó Campos Alvo. Además, alertó sobre los riesgos de utilizar la IA para redactar resoluciones o tomar decisiones, remarcando que el discernimiento y la capacidad de responder legal y éticamente por un fallo corresponden exclusivamente al ser humano.
El debate ético en el ámbito judicial
La inclusión de la inteligencia artificial en la Justicia abre una discusión que trasciende lo técnico y se instala en el terreno axiológico. Banfi Saavedra propuso tomar como referencia documentos de debate internacional, como la reciente encíclica del Papa sobre esta materia, para abordar con solidez los dilemas éticos que se presentan en el ejercicio del derecho.
Tanto la magistrada como el especialista tucumano coincidieron en que, más allá de los avances que permiten procesar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez, la responsabilidad intelectual ante las partes, la sociedad y las familias sigue siendo un deber ético e indelegable de las personas.
