Desde el Sindicato de Inquilinos de Chubut se refirieron al pedido que llevan adelante en Puerto Madryn para obtener el “derecho inquilino a la titularidad del servicio de luz y agua” y presentaron un proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante local. Actualmente, casi el 40 por ciento de las familias que residen en las grandes urbes alquilan su vivienda, mientras que a nivel nacional, la cifra se ubica en el 24%, de acuerdo al Censo Nacional 2022.
A su vez, del análisis del escenario actual surgió un nuevo término por parte del Sindicato: el de “violencia habitacional”, enmarcado en las denominadas “prácticas abusivas” por parte de los locadores hacia los inquilinos.
Aseguran que la mayoría de los alquileres son irregulares
En este sentido, desde la entidad realizaron relevamientos propios y advirtieron que “entre el 60 y el 80% de las relaciones de alquiler se efectúan sin contratos legales, sin facturación de Afip y en condiciones precarias e irregulares de tenencia de servicios”.
Asimismo, desde la entidad sindical que orbita bajo al CTA consideraron que “las personas inquilinas somos «personas en condición de calle» pero con posibilidades de acceder a pagar un alquiler, en un contexto de creciente repliegue social contra las personas vulneradas y de una especulación inmobiliaria atroz”.
Inquilinos elaboran propuesta legislativa
En tal contexto, anticiparon que “hemos trabajado en la redacción de una propuesta de proyecto de Ordenanza Municipal para erradicar y/o mitigar la «Violencia Habitacional», a partir del corte de servicios públicos, sobre las Personas y Familias Inquilinas que apunta a regular este registro en base a una perspectiva de Derecho al Acceso a la Vivienda”.
La iniciativa fue presentada el 1 de agosto de 2023 ante Servicoop, el Concejo Deliberante, el Enre, la Defensoría del Pueblo de Chubut y Defensa del Consumidor. La misma propone “garantizar la tenencia segura y asequible de servicios públicos domiciliarios” y “restringir la mayor y más frecuente expresión de violencia habitacional ejercida desde la parte locadora hacia la parte locataria”.
“Violencia habitacional”
Asimismo, el proyecto prevé “proporcionar un marco normativo de protección a las personas y familias usuarias que contemple el derecho al uso de servicios públicos domiciliarios en donde la prestadora del mismo, no sea parte de un hecho arbitrario producto de prácticas abusivas por parte de la parte locadora hacia la parte locataria, en el marco de violencia habitacional”.
También, el documento elaborado por el Sindicato de Inquilinos solicita “garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios, en condiciones habitacionales de alquiler, que puedan ser contempladas dentro del marco legal de la Ley 24.409 de la Defensa de los Derechos al Consumidor” y, por último, “generar igualdad de acceso al servicio de electricidad, equivalente a la accesibilidad que se tiene al servicio de gas, antes la abundante oferta de unidades habitacionales por fuera de la ley vigente”.
