La jueza penal Eve Ponce rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por la defensa de J. M., por lo que el proceso continuará hacia la etapa de juicio. La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal de Trelew se opusiera a la salida alternativa y planteara que no estaban dadas las condiciones para confiar en el cumplimiento de nuevas reglas de conducta.
La causa involucra un contexto de violencia de género y una serie de incumplimientos de medidas judiciales dictadas para proteger a una mujer. Entre los hechos atribuidos a J. M. aparecen episodios de desobediencia, violación de domicilio y daño agravado.
La Defensa Pública, a cargo del abogado Damián D’Antonio, había solicitado la suspensión del proceso a prueba y ofrecido pautas de cuidado, monitoreo y acompañamiento interdisciplinario.
La Fiscalía, representada en la audiencia por el fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill y el funcionario de Fiscalía Rubén Kohler, se opuso al planteo.
La Fiscalía cuestionó los antecedentes de incumplimiento
Uno de los argumentos centrales fue que, por la escala penal correspondiente al conjunto de delitos atribuidos, el caso debía ser analizado bajo el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal. En ese supuesto, la suspensión del juicio a prueba requiere el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, que en este caso no fue otorgado.
Pero para la acusación había además razones concretas para rechazar la propuesta.
La Fiscalía sostuvo que los hechos no podían ser considerados de manera aislada, sino como parte de una secuencia de incumplimientos de medidas judiciales destinadas a proteger a la mujer.
Según la imputación, J. M. está acusado por cuatro hechos de desobediencia y violación de domicilio en concurso ideal, dos hechos de daño agravado y una nueva desobediencia, todos en concurso real y en carácter de autor.
Entre los elementos señalados por el MPF figura el incumplimiento de una prohibición de acercamiento ordenada por el Juzgado de Familia. También se tuvo en cuenta el daño provocado a una tobillera electrónica dual utilizada como mecanismo de monitoreo en casos de violencia de género y las posteriores dificultades para garantizar su funcionamiento.
Para la Fiscalía, ese antecedente resultaba especialmente relevante: ya se habían utilizado medidas de protección y herramientas de control y, pese a ello, se produjeron nuevos incumplimientos.
El informe forense y el riesgo de reiteración
Otro elemento considerado durante la audiencia fue el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense.
El estudio identificó factores protectores y algunos cambios positivos en la situación de la mujer, pero también registró antecedentes de violencia física, económica y psicológica, además de situaciones de control, separaciones y reconciliaciones sucesivas y conflictos familiares persistentes.
El informe también hizo referencia a dificultades vinculadas con la regulación emocional y a la continuidad del contacto entre las partes.
La evaluación concluyó que existían indicadores compatibles con un riesgo de reiteración de situaciones de violencia.
Si bien la mujer manifestó durante la entrevista que no tenía temor por su vida y reconoció algunos cambios en la conducta del acusado, la profesional consideró que no podía descartarse la posibilidad de nuevos episodios, especialmente ante eventuales conflictos, separaciones, reconciliaciones o cambios en las condiciones actuales del vínculo.
La decisión de la jueza
Al resolver, Ponce consideró que en este caso el consentimiento de la Fiscalía era necesario para avanzar con la suspensión del juicio a prueba y entendió que la oposición del Ministerio Público Fiscal estaba debidamente fundamentada.
La magistrada también valoró que las medidas dispuestas anteriormente por el fuero de Familia tenían como finalidad proteger a la mujer y que los hechos que habían motivado esas decisiones debían ser considerados al evaluar una eventual salida alternativa.
En su resolución, además, recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, y la necesidad de garantizar que las medidas judiciales de protección sean efectivas.
Con esos argumentos, Ponce rechazó la suspensión del proceso a prueba solicitada por la Defensa Pública y dispuso que se fije una nueva audiencia, esta vez en los términos del artículo 295 del Código Procesal Penal, correspondiente a la etapa preliminar.
