El tribunal mixto de la ciudad cordillerana dio a conocer la pena impuesta al profesional de la salud procesado por la sustracción de morfina en Esquel. El imputado, de apellido Villarroel, fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y las costas del proceso judicial. Asimismo, la resolución estableció la inhabilitación especial para ejercer como enfermero por un plazo de cinco años, equivalente al doble del tiempo fijado en la condena.
Los agravantes en el caso de la sustracción de morfina en Esquel
Para determinar la escala penal, los jueces ponderaron una serie de agravantes presentados durante el debate oral por el fiscal Fidel González. En primer término, se valoró la naturaleza del bien sustraído, al tratarse de un fármaco opiáceo de disponibilidad restringida y destinado a la atención de urgencias hospitalarias. La falta de este insumo afectó la reserva sanitaria del servicio público de emergencias, otorgándole al hecho una gravedad institucional que supera ampliamente el perjuicio económico.
A su vez, la Justicia contempló el abuso de la función pública y la posición de confianza alcanzada por el trabajador. Con más de treinta años de trayectoria en el área de salud y en el servicio de guardia, el condenado conocía en detalle las rutinas, los sectores de guardado y los momentos propicios para actuar en soledad. De esta manera, el profesional incumplió las obligaciones éticas y legales reguladas por la Ley I Nº 231 y defraudó la responsabilidad exigible a un funcionario del sistema sanitario público.
Reiteración del delito y fallo del tribunal mixto
El tribunal tuvo en cuenta la persistencia en la conducta delictiva, dado que la sustracción de morfina en Esquel se reiteró en dos ocasiones en un breve lapso de tiempo. Durante los episodios, el acusado llegó a revisar las pertenencias de una compañera de trabajo para apoderarse de las llaves del estante donde se resguardaba el medicamento, vulnerando la privacidad del personal y superando los controles institucionales. Como única circunstancia atenuante, los magistrados consideraron la falta de antecedentes penales del imputado.
El tribunal mixto estuvo integrado por los vocales populares Emiliano García y Celestina Farías, junto a los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino. Al fundamentar la sentencia, remarcaron que los funcionarios públicos que delinquen en el ejercicio de sus funciones merecen una sanción agravada. En ese marco, precisaron que la inhabilitación fijada busca satisfacer la prevención y garantizar que no se vuelvan a vulnerar los insumos críticos del sistema de salud pública en Chubut.
