La Justicia llevó adelante este viernes por la mañana, en Gualjaina, la segunda audiencia de debate contravencional de la circunscripción judicial, en un proceso que busca determinar la responsabilidad de un acusado por presuntos agravios e injurias públicas contra la imagen y el honor de un comisario de la Policía del Chubut.
En el debate intervinieron el fiscal general Ezequiel Forti y la abogada contratada de la Fiscalía, Consuelo Hernández, quienes presentaron elementos probatorios relacionados con dos hechos ocurridos en la localidad. La defensa, por su parte, rechazó las imputaciones y pidió la absolución al considerar que no se acreditó con certeza la autoría.

El caso se tramita en el marco del Código de Convivencia Ciudadana provincial, que contempla infracciones vinculadas con las conductas que afectan la convivencia social y el respeto en los espacios públicos.
Los dos episodios bajo análisis
Uno de los hechos investigados ocurrió en enero de 2026, cuando se detectaron pintadas realizadas con aerosol negro sobre un cartel publicitario ubicado en el acceso a Gualjaina, a la vera de la Ruta Nacional 12. Según la acusación fiscal, las inscripciones contenían frases agraviantes y acusaciones dirigidas al jefe policial de la localidad.
El segundo episodio se remonta a octubre de 2025, cuando se habría colocado un panfleto impreso con la imagen del comisario en el interior del cajero automático del Banco del Chubut. De acuerdo con la información presentada durante el debate, la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria y fue documentada en un informe de la Brigada de Investigaciones.

Desde la Fiscalía sostuvieron que los hechos podrían encuadrarse en las infracciones previstas en los artículos 83 y 118 del Código de Convivencia Ciudadana, al considerar que las acciones denunciadas afectaron el honor y la imagen pública del funcionario policial.
Durante la audiencia, la defensa técnica del acusado cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía para establecer la autoría de los hechos. Además, planteó objeciones sobre la incorporación de determinadas evidencias y señaló presuntas irregularidades en los procedimientos, argumentos con los que solicitó que fueran invalidadas.
Con los alegatos de ambas partes concluidos, la jueza de Paz suplente Julissa Aylin Maglione dio por cerrado el debate y comunicó que utilizará el plazo legal de tres días hábiles para emitir su resolución.














