La Municipalidad de Gaiman solicitó la nulidad de la suspensión de juicio a prueba concedida en la causa por las denominadas “certificaciones truchas” para licencias de conducir, una resolución judicial que había sido dictada el pasado 4 de mayo. Fue en el marco de una audiencia que tuvo lugar en los Tribunales de Trelew este miércoles.
El pedido fue impulsado por el intendente Darío James, quien estuvo presente durante la audiencia, acompañado por el abogado Víctor Bezurnatea. El representante legal del Municipio sostuvo que el acuerdo que permitió la probation presentaba una “nulidad absoluta”, argumentando que la comuna no fue convocada como víctima del proceso antes de que se resolviera el beneficio judicial.
Bezurnatea remarcó que el caso implica una afectación a la fe pública y cuestionó el criterio adoptado por el Ministerio Público Fiscal. También señaló discrepancias con la calificación legal utilizada en la causa, al entender que no se trató de un delito continuado sino de “385 hechos autónomos de falsedad ideológica”.
Además, el abogado objetó el monto fijado como reparación económica y mencionó comentarios radiales que sugerían posibles vínculos familiares entre el imputado Diego Soto Payva y directivos del geriátrico Pedro Déttori, institución destinataria del resarcimiento económico acordado en la probation.
La respuesta de Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal general jefe Omar Rodríguez, acompañado por la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini, rechazó los planteos del municipio y sostuvo que la presentación carece de “legitimidad recursiva”.
Rodríguez defendió la actuación de la Fiscalía y remarcó que la suspensión de juicio a prueba se otorgó porque, según el análisis del Ministerio Público Fiscal, se cumplían los requisitos previstos por la ley.
El fiscal también respondió a declaraciones públicas del intendente James, quien había cuestionado el desempeño de fiscales y deslizado sospechas sobre eventuales acuerdos entre jueces, defensores y representantes del Ministerio Público. Rodríguez rechazó esas afirmaciones “de manera drástica y terminante”.
En relación con la investigación, explicó que se realizaron más de cien entrevistas a personas presuntamente afectadas por las irregularidades y aseguró que ninguno de los consultados denunció perjuicios vinculados con la obtención de sus licencias de conducir.
Asimismo, indicó que la Municipalidad de Gaiman no puede ser considerada víctima directa de la afectación a la fe pública, ya que ese concepto jurídico refiere a la confianza general de la sociedad sobre determinados documentos y actos administrativos.
Rodríguez agregó que de los 157 hechos investigados, solo 24 correspondían al municipio de Gaiman, y señaló que el eventual reclamo económico podría canalizarse por las vías civiles o administrativas correspondientes.
La postura de la defensa
Por su parte, el defensor Fabián Gabalachis sostuvo que la audiencia no era necesaria y consideró que el planteo del municipio debió resolverse directamente mediante un rechazo formal.
No obstante, valoró que el debate se desarrollara en una audiencia pública para transparentar el funcionamiento judicial. También recordó que el propio abogado del municipio reconoció que la comuna no tenía posibilidad de constituirse como querellante y que la etapa de acusación fiscal ya se encontraba cerrada.
Desmentida desde el geriátrico
Durante la audiencia también tomó la palabra Mónica Soto, directora del geriátrico Pedro Déttori, quien negó cualquier vínculo familiar o relación con Diego Soto Payva.
La directiva explicó que el único antecedente familiar relacionado con la institución fue el desempeño de su madre como directora entre 1970 y 1990.
El juez resolverá la próxima semana
Finalmente, el juez Fabio Monti explicó que habilitó la audiencia para permitir que la Municipalidad de Gaiman pudiera expresar formalmente su postura ante las partes involucradas.
El magistrado informó que la resolución definitiva sobre el pedido de nulidad de la probation será dada a conocer durante la próxima semana.
