El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene en suspenso la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con Argentina. Esta demora posterga el envío de un desembolso de US$1.000 millones clave para las reservas, mientras el organismo destaca la nueva posición del país como exportador energético ante la incertidumbre global.
Negociaciones en curso y metas bajo la lupa
La portavoz del organismo, Julie Kozack, confirmó este jueves en una conferencia de prensa desde Washington que las conversaciones por la segunda revisión y el Artículo IV continúan activas. «Daremos más información a medida que progresen estas conversaciones», señaló la funcionaria, evitando dar una fecha precisa para el envío de los fondos.
A pesar de la falta de una aprobación inmediata, Kozack subrayó que existe un «avance continuo» y un trabajo estrecho entre el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas. Sin embargo, la vocera prefirió no profundizar en los indicadores económicos desfavorables registrados en las últimas semanas en el plano local.
Argentina y el nuevo escenario energético
Un punto central de la conferencia fue el impacto del contexto mundial, marcado por la inestabilidad en Medio Oriente. Según el FMI, Argentina se encuentra en una posición de mayor resiliencia frente a shocks externos de precios en comparación con años anteriores.
«Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía. En 2022 el país era importador; el año pasado, las exportaciones de petróleo y gas representaron US$8.000 millones», detalló Kozack.
Advertencias sobre la inflación global
A pesar del optimismo por la balanza energética, el organismo internacional recomendó a los bancos centrales mantener la vigilancia sobre la situación de los precios de la energía. La preocupación radica en el impacto que estos incrementos puedan tener sobre las expectativas de inflación de segunda ronda en un entorno que calificaron como «incierto y en constante evaluación».
Por el momento, el Gobierno nacional aguarda la finalización de los controles técnicos para destrabar el desembolso de US$1.000 millones, una cifra necesaria para afrontar los compromisos financieros del año y dar previsibilidad a la macroeconomía.
