El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles en los colegios privados, poniendo fin a más de tres décadas de control estatal sobre el valor de las matrículas y cuotas. La medida, establecida mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, deroga el Decreto 2417/1993, que hasta ahora regía el sistema de relación económica entre el Estado y las instituciones educativas de gestión privada.
Con esta decisión, los colegios privados ya no deberán solicitar autorización previa ni informar con anticipación los valores de las matrículas o cuotas, y podrán definirlos de manera autónoma según su criterio y estructura de costos.
Según los fundamentos del nuevo decreto, el marco regulatorio derogado “presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”. El Ejecutivo argumentó que las condiciones actuales son diferentes a las de los años noventa, cuando la administración educativa dependía en mayor medida del Gobierno nacional.
En esa línea, el texto sostiene que la transferencia de competencias a las provincias hace necesario revisar el esquema de control y avanzar hacia “un entorno más propicio para la gestión” de las instituciones privadas, garantizando su sostenibilidad y el acceso a una educación de calidad.
El decreto también plantea que el sistema anterior generaba “efectos contraproducentes” sobre el funcionamiento y la viabilidad económica de los colegios, al impedir que estos pudieran ajustar sus valores ante cambios en los costos operativos o en el contexto inflacionario.
De acuerdo con el documento, la obligación de anticipar y justificar los aumentos ante la autoridad estatal “creaba incertidumbre económica” en los establecimientos, que en muchos casos optaban por fijar cuotas más altas desde el inicio del ciclo lectivo para cubrir posibles incrementos futuros.
Además, la norma derogada es señalada como un factor que podía “perjudicar a las familias”, al limitar la capacidad de los colegios para ofrecer opciones acordes a distintos niveles de ingreso.
Por último, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991, base del sistema de financiamiento de la educación privada, con el objetivo de avanzar hacia un esquema basado en la libre contratación y la competencia entre instituciones.
