El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., presta declaración este jueves en el marco de la causa que investiga las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado. Junto a él, comparece la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Mientras tanto, otros directivos de la empresa, como Victoria García y Eduardo Darchuk, optaron por el silencio y no declararon.
Ampliación de indagatorias y nuevas víctimas
En esta etapa del expediente, que ya lleva casi un año de instrucción, el magistrado dispuso ampliar las indagatorias para incorporar nuevos hechos a la acusación contra los 14 procesados. Si bien inicialmente la causa contemplaba el fallecimiento de 20 pacientes, las pericias recientes elevaron la cifra a cerca de 114 casos de fentanilo contaminado.
Durante los últimos días, diversos integrantes de las compañías investigadas pasaron por el juzgado, incluyendo responsables de áreas críticas como Control de Calidad, Manufactura y Garantía de Calidad. Entre los testimonios destacados se encuentran los de Diego Hernán García (hermano del empresario) y Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de la firma.
Graves cargos y embargos millonarios
Ariel García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado como coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales. La Justicia le impuso un embargo preventivo de sus bienes por un billón de pesos, mientras que a su hermano Diego y a su madre Nilda se les dictó prisión preventiva con embargos de quinientos mil millones de pesos cada uno.
El Código Penal establece, en su artículo 201 bis, penas de 10 a 25 años de cárcel cuando el envenenamiento o adulteración de sustancias medicinales provoca la muerte de personas.
Antecedentes y situación procesal
García Furfaro ya contaba con antecedentes penales previos a su incursión en la industria farmacéutica. En 2002, fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado. Tras cumplir esa condena, consolidó un grupo de laboratorios que hoy están bajo la lupa judicial por la tragedia sanitaria.
Actualmente, los acusados enfrentan cargos que podrían derivar en penas máximas por homicidio agravado. La investigación continúa sumando pruebas sobre las deficiencias en los procesos de producción y control que derivaron en la distribución del fentanilo contaminado a escala masiva.
