La causa judicial por la denominada “estafa de los lentes”, que conmocionó a decenas de familias de Puerto Madryn a fines de 2024, avanza hacia una definición. A más de un año del hecho y tras la captura del principal imputado, la Fiscalía analiza la posibilidad de otorgar una suspensión de juicio a prueba, una alternativa procesal que permitiría evitar el debate oral a cambio del reconocimiento del delito, la devolución del dinero y el cumplimiento de pautas de conducta.
El abogado penalista Héctor Vargas, quien intervino como querellante acompañando a los vecinos damnificados, brindó detalles a Canal 12 sobre el estado actual del expediente y el complejo proceso que atravesó la investigación.
“La estafa se realizó el 17 de diciembre de 2024. En 2025 se logró dar con la captura de la persona imputada por el delito. Yo tomé intervención a partir de la denuncia de los vecinos, a pedido del presidente de la Junta Vecinal del barrio Fontana, Nicolás Castellano, y acompañé la causa de manera gratuita”, explicó Vargas.
Una estafa que dejó 36 víctimas
La maniobra consistía en ofrecer supuestos “lentes sociales” a precios muy inferiores a los del mercado, con el argumento de facilitar el acceso a personas con bajos recursos. Sin embargo, los productos nunca fueron entregados y el dinero recaudado desapareció.
“Las víctimas son 36 personas. Hubo gente que entregó lo poco que tenía para poder acceder a los lentes, con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Pero nunca recibieron nada”, detalló el abogado.
Los montos estafados fueron variables: algunos vecinos pagaron 40.000 pesos, otros 80.000, 120.000 y cifras mayores, en valores correspondientes a fines de 2024, lo que hoy genera un debate central en torno a la actualización de los importes para una eventual reparación económica.
La investigación y la detención del imputado
Tras la denuncia, la Fiscalía inició una investigación que permitió rastrear el accionar del sospechoso. Según Vargas, cuando estaba por ser detenido en Buenos Aires, logró fugarse hacia la provincia del Chaco, donde intentó repetir el mismo modus operandi.
“En Chaco fue finalmente capturado, cuando estaba por realizar otra estafa similar. Luego fue trasladado a Puerto Madryn, donde se realizó la audiencia de control de detención y se abrió formalmente la investigación”, relató.
Durante el proceso, se intentó ubicar a una tercera persona que habría participado en la operatoria, lo que podría haber agravado la calificación legal del hecho hacia una posible asociación ilícita. Sin embargo, al no lograrse dar con este tercer involucrado, la imputación quedó circunscripta a dos personas: el principal autor y su pareja.
“Esto determinó que la causa quedara tipificada bajo el artículo 172 del Código Penal, es decir, estafa simple, y no asociación ilícita, lo que hubiese implicado penas más severas”, explicó el letrado.
La propuesta de suspensión de juicio a prueba
En los últimos días, la defensa del imputado presentó una propuesta de suspensión de juicio a prueba, un instituto legal que permite evitar el juicio oral bajo ciertas condiciones.
“La suspensión de juicio a prueba implica que la persona reconoce haber cometido el hecho, se compromete a devolver el dinero y a cumplir pautas de conducta, como tareas comunitarias, durante un plazo de dos años. Si incumple o vuelve a delinquir, la causa se reactiva y se agrava su situación”, precisó Vargas.
La Fiscalía comunicó esta propuesta a las víctimas para que evalúen si aceptan una salida alternativa al proceso. En este punto, uno de los ejes centrales es la actualización de los montos a devolver.
“No es lo mismo devolver 40.000 pesos del 2024 que hoy. Por eso estamos pidiendo que esos valores sean reactualizados para que la reparación sea sincera y significativa”, remarcó.
Reunión con los vecinos y postura de las víctimas
El lunes por la tarde se realizó una reunión en la Junta Vecinal de Fontana, donde se informó a los damnificados sobre el estado de la causa y las implicancias de la suspensión de juicio a prueba.
“Les expliqué a los vecinos en qué consiste este instituto, cuáles son sus alcances y qué significa aceptar esta salida. Todavía no hay una fecha definida para la audiencia, pero será el juez quien determine si se cumplen los requisitos legales”, indicó el abogado.
Según Vargas, la posibilidad de aceptar o rechazar la propuesta sigue abierta, aunque aclaró que incluso ante una negativa, el juez podría conceder la suspensión si considera que están dadas las condiciones, siempre que fundamente su decisión.
Un cierre parcial, pero sin impunidad
Más allá de la expectativa por la resolución judicial, Vargas destacó la importancia de que la causa haya avanzado y no haya quedado impune.
“Tal vez nos hubiese gustado una sanción más severa, pero lo importante es que esta persona no quedó impune. Hubo investigación, se lo fue a buscar al Chaco, se lo detuvo, se hizo una audiencia, y ahora se está discutiendo una reparación. En un contexto donde muchas estafas terminan en la nada, esto es un antecedente importante”, subrayó.
Además, recordó que el proceso sigue abierto ante la posibilidad de que aparezca el tercer involucrado. “Hasta la audiencia preliminar, la calificación legal es provisoria. Si surge nueva información o aparece esta persona, la causa puede cambiar de carátula y agravarse”, advirtió.
Por el momento, no hay una fecha confirmada para la audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión de juicio a prueba. Mientras tanto, las víctimas aguardan una resolución que permita cerrar un capítulo doloroso, recuperar parte de lo perdido y sentar un precedente frente a este tipo de delitos.
