Una investigación que durante los últimos dos meses reunió pruebas de distintos episodios delictivos terminó este miércoles con una condena a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Matías Joel Vargas Anríquez. El acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó, mediante un juicio abreviado, la pena acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública.
El proceso fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, con el respaldo del trabajo de campo realizado por la División Policial de Investigaciones (DPI). La investigación estuvo a cargo de la funcionaria Sofía Torres, bajo la supervisión del fiscal Fidel González.
El acuerdo fue homologado por la jueza Fernanda Revori y estableció la responsabilidad de Vargas Anríquez en siete hechos cometidos entre diciembre de 2025 y junio de 2026.
La acusación incluyó cuatro robos simples, dos estafas y un hecho de amenazas, todos considerados en concurso real.
Una investigación que comenzó dos meses atrás
La participación del acusado en la seguidilla de hechos había comenzado a ser investigada formalmente dos meses antes de la condena. En aquella oportunidad, la Fiscalía presentó la totalidad de los episodios que se le atribuían y solicitó que permaneciera detenido en prisión preventiva.
Vargas Anríquez cumplió esa medida hasta la audiencia realizada esta semana, en la que finalmente reconoció los hechos y aceptó la pena acordada.
La contundencia de la prueba reunida durante la investigación permitió a las partes avanzar hacia un procedimiento abreviado. De esta manera, no fue necesario desarrollar un juicio oral tradicional para determinar su responsabilidad.
Fue declarado reincidente
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la declaración de reincidencia.
Al momento de cometer los nuevos delitos, Vargas Anríquez se encontraba en libertad condicional tras haber recibido una condena de cinco años de prisión en 2022. La comisión de nuevos hechos durante ese período derivó en que la Justicia lo declarara reincidente.
Esta condición tendrá consecuencias sobre su situación penitenciaria y limitará el acceso a determinados beneficios en futuras etapas del cumplimiento de la pena.
El reconocimiento de culpabilidad también tuvo un efecto inmediato sobre el proceso: al aceptar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa Pública, el condenado renunció a los plazos para impugnar la sentencia, por lo que la resolución quedó firme en el mismo momento de su homologación.
Traslado inmediato a la unidad de detención
Una vez finalizada la audiencia, Vargas Anríquez tuvo un breve contacto con sus familiares presentes en la sala.
Luego, fue trasladado directamente al lugar donde se encontraba detenido, en la localidad de José de San Martín, para comenzar a cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.
