En los últimos dos meses, la Fiscalía de Puerto Madryn consiguió que se revoquen 11 libertades condicionales tras detectar incumplimientos de las pautas impuestas por la Justicia. Todas esas personas debieron regresar a prisión para continuar cumpliendo sus condenas de manera efectiva.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que este tipo de intervenciones son parte del trabajo cotidiano del área de Ejecución de Pena, que monitorea de forma permanente el cumplimiento de las sanciones.
“El Ministerio Público Fiscal, a través del área de Ejecución de Pena, trabaja diariamente para garantizar que las condenas dictadas por los tribunales se cumplan conforme a la ley y que los beneficios como la libertad condicional se apliquen de forma responsable y efectiva. Este control permanente es clave para asegurar el cumplimiento real de las sanciones penales”, señaló Mauricio Baigorria, funcionario a cargo del área.
Supervisión continua
La ejecución penal es la etapa que se activa una vez que una persona es condenada. Desde ese momento, el área especializada supervisa el cumplimiento de la pena y, cuando el condenado accede a salidas transitorias o a la libertad condicional, controla que respete las pautas fijadas: establecer un domicilio, presentarse periódicamente, realizar tratamientos y cumplir otras obligaciones según el caso.
“En este marco de control, en los últimos dos meses el área de Ejecución logró que se revocaran 11 libertades condicionales. En todos esos casos, la Fiscalía demostró incumplimientos o nuevos hechos que motivaron que el Juez de Ejecución ordenara que las personas beneficiadas volvieran a prisión para continuar cumpliendo la condena de manera efectiva”, agregó Baigorria.
Qué es la libertad condicional
La libertad condicional es un beneficio previsto en la Ley 24.660, que puede ser otorgado cuando la persona condenada cumplió al menos tres cuartas partes de la pena y mantiene pautas de buena conducta. Sin embargo, este derecho no es absoluto: si la persona incumple alguna obligación impuesta por el juez o incurre en una nueva conducta delictiva, el beneficio puede ser revocado.
La intervención temprana ante cualquier irregularidad, remarcan desde la Fiscalía, garantiza no solo el respeto a las decisiones judiciales, sino también el cumplimiento efectivo de las sanciones penales impuestas por los tribunales.
