La creación de una unidad ejecutora para desarrollar la zona sur de Puerto Madryn fue el eje del debate público este viernes en la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante para analizar la Ordenanza 15.250, aprobada en primera lectura. La iniciativa apunta a establecer una estructura específica para llevar adelante un proyecto de urbanización de gran escala, con obras de infraestructura, nuevos lotes y espacios destinados a viviendas y actividades comerciales.
El encuentro comenzó algunos minutos después de las 10 y reunió a concejales, profesionales, representantes sindicales y vecinos. Entre las exposiciones se destacaron el respaldo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), las observaciones del Colegio de Arquitectos y los planteos técnicos sobre la disponibilidad de servicios, el abastecimiento de agua y la planificación a largo plazo.
El principal punto de discusión fue cómo garantizar que la nueva unidad ejecutora pueda coordinar las obras sin desplazar las competencias municipales de planificación ni generar riesgos financieros para la ciudad y las futuras familias adjudicatarias.
La UOCRA respaldó el proyecto por su potencial para generar empleo
En representación de la UOCRA, el delegado Egidio Orlando Vera expresó el apoyo del sindicato a la aprobación de la ordenanza y pidió a los concejales que acompañen la iniciativa.
El dirigente sostuvo que la urbanización puede impulsar la creación de empleo genuino a través de la apertura de calles, la construcción de redes de agua y cloacas, las instalaciones de gas, las veredas, los espacios verdes y las futuras viviendas y locales comerciales.
“Construir vivienda para nuestra gente también es trabajo para nuestra gente”, planteó Vera durante su exposición, en la que remarcó que los trabajadores de la construcción también enfrentan las dificultades para acceder a un terreno y construir una casa para sus familias.
El representante sindical destacó, además, que el proyecto contempla mecanismos de control sobre el funcionamiento del organismo. Según señaló, la ordenanza prevé la supervisión del Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Departamento Ejecutivo, junto con rendiciones trimestrales y la participación de un auditor.
También valoró que los fondos destinados a la urbanización tengan un uso específico y que el precio base de los lotes no pueda quedar por debajo del costo proporcional de las obras.
Para la UOCRA, la aprobación de la norma constituiría el primer paso para avanzar con el desarrollo. Vera sostuvo que la iniciativa debe traducirse en obras concretas, puestos de trabajo y oportunidades de acceso a la vivienda para los habitantes de Puerto Madryn.
El Colegio de Arquitectos pidió limitar las facultades
La arquitecta Delfina Burruchaga, representante del Colegio de Arquitectos de la Regional Puerto Madryn, manifestó su preocupación por el alcance que el artículo 9 del proyecto de ordenanza otorga a la planificación del nuevo organismo.
La profesional advirtió que la redacción podría interpretarse de manera amplia y permitir modificaciones sobre el proyecto urbano que ya fue presentado por el Ejecutivo municipal.
Desde el Colegio plantearon que la planificación urbana general, el trazado vial y el diseño de los parques deberían permanecer bajo la órbita del Ejecutivo, con intervención del Concejo Deliberante y del Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental cuando se propongan cambios relevantes.
En cambio, consideraron que la unidad ejecutora debería concentrarse en la planificación y ejecución de las obras, incluidos los aspectos técnicos, los plazos y la coordinación de los trabajos.
Durante el intercambio con los concejales, Burruchaga explicó que la preocupación no radica en la necesidad de contar con un organismo específico para impulsar el desarrollo, sino en evitar que una estructura con autonomía pueda alterar proyectos ya conocidos por la comunidad sin pasar por las instancias institucionales correspondientes.
La arquitecta también pidió que se dé a conocer el estudio de impacto ambiental, cuya documentación, según señaló, no habían podido consultar públicamente.
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de precisar los procedimientos y las mayorías requeridas para la venta y adjudicación de los lotes, así como los mecanismos de control sobre las contrataciones y las posibles operaciones de financiamiento.
Preocupación por el endeudamiento y el acceso a la vivienda
El Colegio de Arquitectos también advirtió sobre la importancia de establecer garantías para la continuidad jurídica y financiera del proyecto, en particular ante una eventual prórroga de los plazos de funcionamiento de la unidad ejecutora.
Burruchaga pidió aclarar qué sucedería con los fondos, las obras, los contratos y las inversiones realizadas si la continuidad del organismo no fuera aprobada antes del vencimiento previsto.
En relación con la posibilidad de que la unidad ejecutora tome créditos, solicitó precisar cómo se computarían las obligaciones financieras y qué herramientas se utilizarían para evaluar y controlar el endeudamiento, con el objetivo de evitar que los compromisos futuros afecten los recursos municipales.
La representante profesional también puso el foco en las condiciones que deberán afrontar las familias adjudicatarias para construir sus viviendas. Según expuso, los plazos previstos para completar las obras podrían resultar difíciles de cumplir para trabajadores que deben afrontar al mismo tiempo el alquiler y los costos de construcción.
Por eso, propuso analizar alternativas de financiación, plazos más flexibles y medidas para evitar la especulación inmobiliaria y favorecer que los terrenos lleguen a quienes realmente necesitan construir su vivienda.
Durante el intercambio, los concejales señalaron que algunas de esas cuestiones podrían discutirse en una etapa posterior, cuando se analicen los pliegos y las condiciones de adjudicación. Sin embargo, el planteo también abrió interrogantes sobre el alcance del reglamento interno de la futura unidad ejecutora y las facultades que tendría su directorio para definir contrataciones y adjudicaciones.
Los desafíos de infraestructura y el abastecimiento de agua
Otro de los expositores fue Raúl Arranz, quien destacó que la urbanización debe pensarse más allá de un sector específico y con una perspectiva regional que contemple las necesidades futuras de Puerto Madryn y de la comarca.
Arranz planteó que el desarrollo requerirá obras de infraestructura pluvial, mejoras en los sistemas de desagüe, planificación para la gestión de residuos y una estrategia de abastecimiento de agua potable que considere el crecimiento de la población.
En materia de desagües, mencionó la necesidad de aumentar la capacidad de transporte de distintos conductos y revisar las correntías superficiales para responder a las nuevas condiciones que generará la urbanización.
También propuso recuperar la planificación de una estación de transferencia y selección de residuos en la zona sur, y avanzar con un enfoque regional para el abastecimiento de agua.
En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de proteger las fuentes de captación del río Chubut y de evaluar los costos de producción y distribución del servicio para el conjunto de la región.
Arranz sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para impulsar nuevas actividades laborales, mejorar la infraestructura y ampliar las posibilidades de desarrollo urbano. Además, puso a disposición documentación técnica y antecedentes de trabajos previos vinculados con la planificación de la ciudad.
La capacidad de los servicios para acompañar el crecimiento
Por su parte, Donato Laurita, con experiencia en el Consejo de Planeamiento Urbano, respaldó la necesidad de avanzar con el proyecto, aunque consideró que su alcance debe definirse con precisión desde el comienzo.
Laurita señaló que la urbanización debe contemplar no solo las necesidades de los futuros habitantes, sino también la demanda adicional que podría generar sobre los servicios existentes y los proyectos vecinos.
Uno de sus planteos centrales fue la necesidad de establecer con claridad la capacidad disponible para abastecer de agua, energía y saneamiento a los nuevos desarrollos, sin perjudicar a otros sectores que también requieren factibilidad de servicios.
Además, propuso analizar la posibilidad de desarrollar una planta desalinizadora modular, capaz de ampliar su capacidad a medida que aumente la demanda. Según explicó, las obras de captación y devolución de agua requieren una planificación anticipada, debido a su incidencia en los costos y en la infraestructura necesaria.
El expositor también subrayó la importancia de evaluar el flujo de ingresos y egresos del proyecto, tanto desde el punto de vista económico como financiero. Para ello, consideró necesario estudiar la capacidad de pago de las familias que podrían acceder a los lotes y compatibilizar las condiciones de financiación con los costos de construcción.
Un proyecto que deberá definir sus alcances
La audiencia pública permitió reunir posiciones distintas sobre una iniciativa que busca impulsar el crecimiento urbano de Puerto Madryn. Mientras la UOCRA destacó las oportunidades de empleo y vivienda, los representantes del Colegio de Arquitectos y los especialistas plantearon la necesidad de reforzar las precisiones técnicas, institucionales y financieras.
La discusión se concentra ahora en cómo establecer reglas claras para la planificación, las contrataciones, el acceso a los lotes y el financiamiento de las obras, además de garantizar que la infraestructura acompañe el crecimiento previsto.
