Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) criticaron el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, por el cual se propone un régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), debatido este jueves por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
“En medio de una crisis económica sin precedentes, el Gobierno presentó un proyecto de ley mediante el cual busca, una vez más, limitar a las SAS y a las SRL, afectando a todas las PyMEs del país”, advirtieron.
“Discrecionalidad”
A través de un documento, la Asociación señaló que “bajo la supuesta bandera de combatir el lavado de activos, el gobierno busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina”.
A ello, sumaron que “de esta forma, crea un ‘registro de emprendedores’ a cargo del Ministerio de economía de Sergio Massa y la secretaría de desarrollo productivo a cargo de De Mendiguren, mediante el cual se le da la potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor, y por lo tanto quien puede ser socio de una sociedad”.
Disoluciones sin intervención judicial
“También”, continuaron, “obliga a las PyMEs a que vuelvan a registrar su domicilio, obligándolos a contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $40.000 por sociedad), y obliga que todas las SRL y las SAS del país presenten sus balances ante la IGJ, obligándolas a gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo”.
“Es preocupante que el proyecto levante la limitación de responsabilidad de todos los socios y administradores de las SRL y las SAS en el país frente a terceros. Asimismo, el proyecto de ley permite que el poder ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad, sin ningún tipo de intervención de un juez“, expresaron desde ASEA.
Creación de empleos
Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, “se crearon más de 50 mil empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120 mil puestos de trabajo registrados, y son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal, y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP”, resaltaron desde la Asociación.
“Sin embargo”, aclararon, “la IGJ limitó su uso en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con resoluciones cuestionadas judicialmente, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para los emprendedores”.
“A pesar de las limitaciones impuestas por la IGJ, las SAS siguen siendo una figura societaria muy utilizada en provincias como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas”, remarcaron.
Referentes compartieron su visión del proyecto
“Hay empresas que tienen más de 50 años, no tiene ningún sentido poner una multa de $100.000 por cada Balance no presentado, que podrían implicar en multas más de $5.000.000 a cada pyme” sostuvo Carlos Vanney, profesor de la Universidad Austral.
A su vez, agregó que “el poder ejecutivo ya demostró la persecución a empresas no afines en los últimos años, sin dudas este proyecto será utilizado en el mismo sentido”.
“Crear un registro de emprendedores, y establecer que estos tienen que pedirle autorización al gobierno de turno para emprender, es algo que tiene tintes soviéticos e intervencionistas, y que solo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía“, planteó Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo de la Universidad del Museo Social.
Sobre esto último, precisó que “este proyecto supone convalidar un control gubernamental, sobre el sector pyme, de un nivel de intromisión jamás vista hasta ahora y que va actuar, en los hechos, como un brutal desincentivo para la inversión y la creación de trabajo en el país”.
“No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra el país, se ponen trabas para aquellos que tienen pymes”, manifestó Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
“Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Ahora suman a las SRL y les dicen que no van a tener más limitación de responsabilidad”, sostuvo.
