Los empleados públicos perdieron un 40,5% de poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei, mientras que la morosidad crediticia entre los estatales se multiplicó 3,4 veces en los últimos dos años, según un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento señala que el deterioro de los ingresos llevó a un creciente sobreendeudamiento de los trabajadores, que comenzaron a recurrir al crédito para afrontar gastos básicos como alimentación, alquiler, servicios públicos y medicamentos.
El indicador de mora crediticia irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. El salto refleja, según el informe, la dificultad de una parte de los trabajadores para sostener el pago de sus compromisos financieros con sus ingresos actuales.
La situación presenta diferencias importantes según el organismo en el que trabajan los empleados públicos.
El informe ubica al Estado Mayor General del Ejército al frente del ranking de morosidad, con un 30,1%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal, con 28,5%, y la Policía Federal Argentina, con 24,2%.
El escenario también varía considerablemente según la provincia. Entre los mayores niveles de incumplimiento aparecen La Rioja, con 29,38%; Formosa, con 28,69%, y Santa Cruz, con 28,55%.
En el otro extremo se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, con el menor indicador relevado: 9,56% de morosidad.
De los bancos a las plataformas digitales
Uno de los puntos que destaca el reporte es el cambio en el modo en que los trabajadores buscan financiamiento.
Ante la pérdida de ingresos, muchos empleados estatales recurrieron al crédito para cubrir gastos corrientes y, al mismo tiempo, una parte comenzó a alejarse del sistema bancario tradicional para utilizar plataformas digitales y financieras con tasas de interés más elevadas.
El Banco Nación continúa siendo el principal acreedor por volumen, con 24.407 trabajadores en mora y una tasa del 8,56%.
Sin embargo, el informe pone el foco en algunas entidades privadas y plataformas digitales. Naranja Digital registra una morosidad del 31,86%, mientras que Moni Online, dedicada a los préstamos de rápida aprobación, alcanza una tasa de incobrabilidad del 60,53%.
La dinámica genera un círculo financiero complejo: el crédito aparece como una herramienta para cubrir necesidades básicas, pero las condiciones de financiamiento pueden profundizar el peso de las deudas sobre ingresos que ya perdieron capacidad de compra.
El informe también analizó las características de los trabajadores afectados y encontró una concentración de la morosidad en los grupos etarios que suelen afrontar mayores responsabilidades familiares.
En particular, 9.818 trabajadores civiles de entre 36 y 55 años se encuentran dentro del universo relevado con dificultades crediticias.
Para ATE, el dato refleja que el problema no se limita a una situación financiera puntual, sino que alcanza a trabajadores que utilizan sus ingresos para sostener hogares y cubrir gastos esenciales.
Uno de los datos más preocupantes del relevamiento aparece al analizar la posibilidad de que los trabajadores puedan regularizar sus compromisos.
El 80,7% de los empleados estatales que se encuentran en situación crediticia irregular está catalogado en riesgo alto o como irrecuperable, según el informe.
Esto significa que, bajo las condiciones actuales de ingresos, una parte importante de esas deudas presenta dificultades para ser cancelada con los recursos corrientes.
