El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la denominada Ley de Modernización Laboral mediante el Decreto 137/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La normativa comenzó a regir desde hoy y establece una serie de modificaciones vinculadas con la organización del trabajo, las indemnizaciones, los aportes y la registración laboral.
La norma fue aprobada por el Congreso tras varias jornadas de debate parlamentario y obtuvo sanción definitiva en el Senado el pasado 27 de febrero. Con su promulgación, el oficialismo concretó una de las iniciativas centrales impulsadas durante el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei.
Entre los cambios más relevantes aparecen nuevas reglas para la jornada laboral, la digitalización de registros, el cálculo de indemnizaciones y un esquema diferente de aportes sindicales y patronales.
Cambios en la jornada laboral
La reglamentación habilita que la jornada diaria pueda extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador. Además, incorpora el denominado “banco de horas”, un sistema que permite compensar horas extra mediante descansos posteriores.
El esquema establece también que debe garantizarse un período mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas laborales.
Por otra parte, el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro, por lo que las billeteras virtuales no podrán utilizarse para la acreditación de haberes.
Nuevas modalidades salariales y registración
La reforma introduce la figura del “salario dinámico”, que podrá incorporarse en convenios colectivos y que vincula parte de la remuneración con el desempeño o los resultados del trabajador.
También se establece la digitalización obligatoria de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante diez años.
A su vez, la inscripción de la relación laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar el vínculo entre empleador y trabajador.
Límites a aportes sindicales y empresariales
La normativa fija nuevos topes para los aportes. Las contribuciones de las empresas a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarias desde enero de 2028.
En el caso de los sindicatos, los aportes de los trabajadores —estén afiliados o no— tendrán un límite máximo del 2% del salario. Se mantiene, sin embargo, el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales.
Además, los empleadores dejarán de poder actuar como agentes de retención de cuotas sindicales si no cuentan con una autorización expresa del trabajador.
Nuevo esquema para indemnizaciones
La reforma modifica el cálculo de la indemnización por despido sin causa. A partir de ahora se tomará en cuenta únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, lo que deja afuera conceptos como el aguinaldo o las vacaciones.
La ley también dispone que la indemnización será la única compensación económica por el despido y establece que los créditos laborales se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual adicional.
Creación de un fondo para desvinculaciones
La normativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones. Este sistema se financiará con aportes de los empleadores: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo podrá aumentar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aprobación de la Comisión Bicameral.
Además, los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con cuentas individuales, donde se acumularán aportes a nombre de cada trabajador para ser cobrados al finalizar la relación laboral.
Vacaciones y cambios en las sanciones
En relación con el descanso anual, se mantiene el período habitual entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque empleadores y trabajadores podrán acordar tomar vacaciones fuera de ese lapso en períodos mínimos de siete días consecutivos.
La reforma también elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de empleo no registrado o con registración incorrecta. En su lugar, se estableció un esquema de incentivos para que los empleadores regularicen a sus trabajadores.
Dentro de ese marco se implementa el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que contempla la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes blanqueen relaciones laborales no declaradas.
