Este lunes, el Ministerio de Capital Humano confirmó que, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. La medida judicial, surgida en la causa de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, dispuso la suspensión cautelar de un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, se reafirmó el compromiso en defensa de esta ley, destacando que la misma fue sancionada por una amplia mayoría del Congreso de la Nación. Según el comunicado oficial, el Gobierno considera esta norma como una «herramienta fundamental» para la consecución de objetivos económicos y sociales.
El Ministerio argumenta que la plena vigencia de la Ley N° 27.802 es esencial para:
- La creación de empleo formal en todo el país.
- La mejora de la competitividad de las empresas argentinas.
- El fortalecimiento de la seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.
El conflicto judicial con la CGT
La disputa legal se centra en el expediente CNT 10308/26, donde la central obrera logró frenar temporalmente la aplicación de varios puntos de la reforma. Ante esto, el Gobierno ratificó que se agotarán «todas las instancias judiciales necesarias» para garantizar la aplicación de la ley, a la que definen como una expresión inequívoca de la voluntad legislativa y un mandato de la actual gestión.
En un tono firme, el comunicado del Ministerio de Capital Humano rechazó los intentos de sectores que, priorizando «intereses corporativos y sectoriales», pretenden obstaculizar los cambios propuestos.
La visión del Gobierno nacional
Para la gestión nacional, las reformas son el camino necesario para superar problemáticas estructurales como el desempleo y el estancamiento económico que caracterizaron etapas anteriores de la historia argentina.
La apelación será presentada en los próximos días por la Procuración del Tesoro, buscando que la Cámara de Apelaciones revierta la decisión del juzgado de primera instancia y devuelva la plena vigencia a la normativa laboral.
