El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación en los próximos días un polémico proyecto de ley que busca desregular el sector inmobiliario en todo el país. El texto, impulsado técnicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea transformar el corretaje en un servicio de intermediación comercial, eliminando su estatus de profesión liberal. La medida generó fuertes divisiones en el sector y mantiene en alerta a los colegios profesionales.
Los puntos para desregular el sector inmobiliario
La reforma oficial estipula profundos cambios en las reglas de juego vigentes del mercado de propiedades. Entre las modificaciones principales, el proyecto prevé la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles mínimos u honorarios obligatorios, y el fin de la exigencia del título universitario que hoy impone la Ley 25.028.
Asimismo, la iniciativa para desregular el sector inmobiliario propone desarticular el monopolio que poseen los colegios en su rol sancionador, derogar los castigos por el ejercicio de la actividad sin matrícula y habilitar a personas o firmas a operar mediante plataformas digitales sin restricciones geográficas en todo el territorio nacional.
Los argumentos oficiales y el debate sobre los costos
Durante su exposición en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad” en la Universidad Católica Argentina (UCA), Federico Sturzenegger defendió la reforma afirmando que es una “aberración social” que las entidades fijen precios mínimos. El funcionario remarcó que el esquema busca propiciar una mayor competencia, bajar los costos de construcción y garantizar un acceso más directo y económico a la vivienda.
Para el Ejecutivo nacional, el modelo actual encarece los trámites de compraventa y restringe el mercado, argumentando que las corporaciones profesionales utilizan el poder del Estado para limitar la oferta.
Tensión política y marcha atrás en las provincias
El avance de la propuesta generó movimientos coordinados y tropiezos en el ámbito legislativo bonaerense. Diputados de La Libertad Avanza (LLA) debieron retirar de forma apresurada un proyecto provincial análogo tras advertir que no se encontraba perfectamente alineado con la estrategia jurídica redactada desde el Palacio de Hacienda nacional por los equipos de Sturzenegger.
La marcha atrás de los legisladores bonaerenses respondió a la estricta necesidad de centralizar la discusión pública en el Congreso de la Nación, evitando normativas locales descoordinadas mientras el proyecto principal toma estado parlamentario nacional para desregular el sector inmobiliario.
La propuesta de desregulación genera profunda preocupación en los colegios de martilleros y corredores del sur argentino. Especialistas del sector advierten que la desatención de las matrículas locales y la habilitación de operaciones virtuales sin títulos universitarios habilitantes podrían resentir gravemente la seguridad jurídica de las transacciones habituales de compraventa de tierras y propiedades, incrementando los riesgos de estafas.
