El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una normativa que rige desde 2010 y que, según la administración actual, presenta limitaciones para abordar situaciones de riesgo y emergencias en el sistema sanitario.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en redes sociales, mientras que desde el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, señalaron que el objetivo central es “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” frente a los problemas de salud mental.
Según explicaron fuentes de la cartera sanitaria, la propuesta apunta a proteger tanto a pacientes como a terceros en situaciones que hoy no encuentran un adecuado encuadre legal, además de superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia.
Para la elaboración del proyecto, el Gobierno realizó un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, además de consultas a actores del ámbito judicial y legislativo, con el objetivo de identificar dificultades en la aplicación de la ley vigente.
Entre los principales problemas detectados se señaló que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la normativa actual, y que apenas existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental, lo que limita la cobertura y la atención en distintas regiones.
Uno de los cambios propuestos se vincula con el lenguaje utilizado en la normativa. Desde el Gobierno consideran que el concepto de “padecimiento mental” resulta “ambiguo y demasiado amplio”, lo que podría generar dificultades en los diagnósticos y demoras en la intervención. Por ello, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones) e incorporar el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.
Además, se plantea reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que permitiría habilitar intervenciones más oportunas y preventivas.
En cuanto a las internaciones, el proyecto mantiene que la internación debe ser un recurso excepcional, aunque reconoce que puede resultar necesaria en determinadas circunstancias. En ese sentido, se contempla que los psiquiatras puedan indicar una internación involuntaria, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.
La iniciativa también propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial en estos casos. Asimismo, en situaciones de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad para tomar esa decisión; en caso de detectarse una alteración, la internación podría transformarse en involuntaria con la correspondiente notificación a la Justicia.
Otro de los ejes del proyecto apunta a fortalecer la red de atención en salud mental, incluyendo la presencia de hospitales especializados, lo que supone un cambio respecto de la legislación vigente, que impulsa el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos.
Actualmente, según datos oficiales, existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas dedicadas a la atención en salud mental en el país.
Por último, la iniciativa también propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y la SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión y control del sistema.
