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El Gobierno enviará al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno enviará este viernes al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno enviará este viernes al Congreso un conjunto de reformas económicas y laborales con el objetivo de que “la micro acompañe a la macro”. El anuncio fue realizado durante el 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata y reúne a empresarios, dirigentes políticos y sindicales de todo el país.

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“El Gobierno enviará el viernes reformas al nuevo Congreso”, afirmó Adorni al participar del encuentro, y señaló que la intención del Ejecutivo es realizar “ajustes a la micro, para que no quede rezagada” respecto de los avances macroeconómicos. “Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral”, expresó el portavoz.

Adorni fue el primer funcionario nacional en participar de esta edición del Coloquio. Estaba previsto que viajara a Estados Unidos junto con la comitiva oficial que acompaña al presidente argentino a la cumbre con Donald Trump, pero finalmente decidió permanecer en el país para asistir al evento empresario.

Múltiples miradas sobre la reforma laboral

La reforma laboral volvió a ser uno de los temas centrales del Coloquio de IDEA 2025, convertido en una caja de resonancia de las distintas demandas y perspectivas que atraviesan al mercado de trabajo argentino. En esta edición, se identificaron cinco grandes visiones: la de los empresarios, el Gobierno Nacional, el Parlamento, los sindicatos y los trabajadores.

Desde el sector empresarial, las principales preocupaciones giran en torno a la alta carga tributaria sobre el trabajo, el impacto del impuesto a las ganancias, la necesidad de mecanismos para regularizar el empleo informal y la adaptación a los cambios que imponen la automatización y la inteligencia artificial. También reclaman que la Justicia laboral tenga interpretaciones claras y estables frente a las reformas en marcha y las que vendrán.

El Gobierno enviará al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales

Por su parte, el Gobierno Nacional plantea como prioridades la registración de los trabajadores informales, la desregulación del modelo de relaciones laborales y la creación de un Fondo de Cese sectorial que reemplace la actual indemnización por despido. Además, busca modernizar el derecho laboral ante los nuevos escenarios tecnológicos, con un rol protagónico de la educación y la capacitación dual entre empresas y escuelas.

Desde el Parlamento Nacional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados impulsan proyectos que contemplan una reforma integral, que abarque tanto el derecho individual —con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo— como el derecho colectivo, con cambios en la Ley de Asociaciones Profesionales y la de Convenios Colectivos.

Los sindicatos, en tanto, pretenden reformular el régimen de obras sociales y preservar los derechos gremiales fundamentales, como la cuota sindical, la capacitación, la tutela sindical y la autonomía de la negociación colectiva. Aunque por el momento evitan la confrontación, mantienen la expectativa de que el proceso derive en una concertación nacional basada en el diálogo social.

Finalmente, la visión de los trabajadores se concentra en la pérdida del poder adquisitivo, la falta de oportunidades laborales y el desempleo, que aparece como una de las principales amenazas en el actual contexto económico. También demandan una mayor inclusión, la no discriminación y la capacitación permanente, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, con una educación que desde la escuela primaria prepare para el mundo laboral.

La coincidencia general entre los participantes del Coloquio es que el país necesita una reforma laboral integral, que combine transformaciones legales, estructurales y fiscales. El desafío, según remarcaron, será lograr un equilibrio entre la modernización del empleo, la protección de los derechos adquiridos y la competitividad necesaria para acompañar el nuevo ciclo económico.

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