El Gobierno defenderá este martes su política universitaria en la Cámara de Diputados, en un escenario de fuerte tensión con las universidades nacionales por los fondos destinados al sistema. La presentación se producirá después de la masiva marcha al Congreso de la semana pasada, que terminó con incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán desde las 10 ante la comisión de Presupuesto, en el marco del debate del proyecto de gastos y recursos para 2027. Allí explicarán los recursos previstos para el área educativa y defenderán los criterios que aplica la administración de Javier Milei.
El eje de la discusión será el financiamiento de las universidades. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones para las casas de altos estudios, mientras que las universidades reclaman $11 billones para atender sus necesidades presupuestarias. La diferencia se suma al conflicto por la implementación de la ley de financiamiento universitario, que enfrenta al oficialismo con las instituciones y sus representantes.
La postura del Gobierno sobre la ley de financiamiento universitario
En la exposición, los funcionarios volverán a sostener que el Ejecutivo actúa dentro del marco legal y cumple con las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.
Álvarez defendió esa posición en distintas publicaciones en redes sociales. Según argumentó, la ley aprobada por el Congreso asigna recursos sin identificar el financiamiento correspondiente, por lo que, a su criterio, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria.
Ese artículo establece que toda norma que autorice o disponga gastos debe prever expresamente cómo se financiarán. De lo contrario, dispone que su ejecución quede suspendida hasta que las partidas correspondientes sean incorporadas al presupuesto nacional.
El subsecretario afirmó que el Poder Ejecutivo promulgó la ley y suspendió su ejecución por considerar que no contaba con fondos asignados. También sostuvo que el Gobierno cumplió con la medida cautelar dictada en la causa judicial, que actualmente se encuentra apelada ante la Cámara.
La interpretación del Gobierno es uno de los puntos centrales de la disputa, ya que las universidades reclaman la aplicación de la ley de financiamiento y cuestionan la suficiencia de los recursos previstos. La exposición en Diputados volverá a poner en primer plano el conflicto entre la posición del Ejecutivo y las demandas del sistema universitario.
Qué establece el proyecto de presupuesto para las universidades
Además de fijar el monto global de las transferencias, el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora condiciones para la asignación y el seguimiento de los recursos.
La iniciativa obliga a las universidades nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano información sobre los fondos que reciben, con el objetivo de permitir su asignación, ejecución y evaluación. También contempla la posibilidad de interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento de esos requerimientos.
A su vez, establece que los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y la cuenta de inversión de cada universidad deberán incluir una clasificación funcional que identifique los gastos correspondientes a educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el proyecto dispone que los aumentos de 2027 se calcularán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes en la liquidación de noviembre de 2026. Quedarían exceptuados los incrementos de personal que sean aprobados y autorizados por el Ministerio de Capital Humano.
Estas disposiciones forman parte del esquema que el oficialismo busca defender durante el debate presupuestario y que las universidades deberán considerar en sus proyecciones para el próximo ejercicio.
El proyecto contempla $9,8 billones para el área de Educación en 2027, con reducciones previstas en distintos programas, entre ellos las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, la Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización aparece como uno de los programas con mayor incremento de recursos: se le asignarán $773.000 millones.
