El Gobierno nacional oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, una medida que introduce cambios de fondo en el régimen del servicio meteorológico aplicado a la aviación y que tuvo impacto inmediato: el gremio ATE levantó el paro previsto para este viernes.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece por primera vez de manera explícita que el servicio meteorológico para la navegación aérea es considerado un servicio público esencial en la Argentina, una definición que tiene consecuencias directas sobre su funcionamiento y sobre el derecho a huelga en el sector.
El decreto se apoya en la Ley 27.161 de Navegación Aérea, que ya calificaba como esenciales a los servicios vinculados a la actividad, pero ahora precisa que dentro de ese esquema se incluye el MET aeronáutico, es decir, la meteorología específica destinada a garantizar la seguridad de los vuelos.
En ese sentido, el texto aclara que la esencialidad no alcanza a toda la actividad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sino exclusivamente a la función vinculada a la aviación civil, clave para la planificación de rutas, despegues, aterrizajes y gestión del tránsito aéreo.

Uno de los puntos centrales del decreto es la modificación del artículo 15 de la Ley 27.161, que redefine la estructura operativa del sistema. A partir de ahora, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) pasa a ser la responsable primaria del servicio meteorológico aeronáutico, desplazando al SMN como proveedor exclusivo.
El nuevo esquema habilita a EANA a prestar el servicio de manera directa o a través de terceros, siempre que cumplan con los estándares técnicos exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Se abre así un modelo más flexible, con posibilidad de múltiples prestadores, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad.

Para evitar interrupciones, el decreto establece un período de transición de hasta 180 días hábiles, durante el cual el SMN deberá continuar prestando el servicio y asistiendo a EANA en la implementación del nuevo sistema. Según el Gobierno, este plazo es clave para garantizar la continuidad operativa y mantener los niveles de seguridad aérea.
La norma también introduce cambios en el financiamiento. El 10% de la Tasa de Protección al Vuelo, que antes se destinaba al SMN, será redirigido al Tesoro Nacional para financiar el servicio bajo la órbita de EANA, en línea con el traspaso de responsabilidades.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo advierte que la interrupción del servicio meteorológico aeronáutico puede generar demoras, cancelaciones y desvíos, con impacto directo en pasajeros, cargas y en la economía en general. Además, sostiene que el sistema aeronáutico funciona como una red interdependiente, donde la falla de un componente compromete toda la operación.
En ese marco, el Gobierno cuestiona la concentración del servicio en un único prestador sin alternativas inmediatas, al considerar que representa “un riesgo cierto e inminente para la seguridad operacional”.
El DNU tiene además un fuerte impacto en el plano laboral. Al declarar esencial esta función, habilita restricciones al derecho de huelga cuando las medidas afecten la continuidad total del servicio, lo que fue clave para que se declarara ilegal el “apagón informativo” anunciado por ATE.















