Un fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón sentó un precedente relevante en materia de derecho de familia al fijar una cuota alimentaria equivalente a 2,5 canastas de crianza, además del pago de asignaciones familiares y escolares, para un niño de 12 años. La decisión judicial se apoyó en parámetros oficiales y criterios consolidados, contemplando el costo real de la crianza en la Argentina actual, con especial énfasis en la situación de la Patagonia.
La resolución se dictó en el marco de una demanda de alimentos iniciada por la madre del menor, quien acreditó el vínculo filial y el cumplimiento de la instancia de mediación previa. El progenitor no conviviente, pese a estar debidamente notificado, se presentó fuera de término y no contestó la demanda, lo que habilitó al tribunal a tener por ciertos los hechos expuestos por la mujer.
El fallo se basó en las disposiciones del Código Civil y Comercial, que establece la obligación de ambos progenitores de alimentar, cuidar y educar a sus hijos, independientemente de quién ejerza el cuidado personal. En ese sentido, la sentencia remarcó que la obligación alimentaria no se limita a la provisión de alimentos, sino que comprende educación, vivienda, salud, vestimenta, esparcimiento y todos los gastos necesarios para garantizar el desarrollo integral del niño.
Uno de los ejes centrales de la resolución fue el reconocimiento del valor económico del cuidado cotidiano. El juzgado subrayó que la madre asumió de manera exclusiva el cuidado personal del niño, lo que representa un aporte concreto, mensurable y económicamente significativo a su manutención. Ese tiempo destinado al cuidado, destacó la magistrada, constituye un valor económico que debe ser tenido en cuenta al momento de fijar la cuota alimentaria.
Para determinar el monto, el tribunal tomó como referencia la canasta de crianza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un indicador oficial que refleja el costo mensual de criar a un hijo según su edad. En la actualidad, esa canasta para niños de entre 6 y 12 años ronda los 586 mil pesos mensuales, por lo que una cuota de 2,5 canastas supera el millón y medio de pesos, en línea con las necesidades denunciadas y el nivel de responsabilidad exigido al progenitor no conviviente.
La sentencia también dejó en claro que el alimentante no puede excusarse en la falta de ingresos, el desempleo o la existencia de nuevas cargas familiares. La obligación alimentaria, sostuvo la jueza, exige realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar su cumplimiento, conforme al principio del interés superior del niño, que posee jerarquía constitucional.
Además de fijar la cuota mensual, el fallo ordenó que el monto sea descontado directamente de los ingresos del progenitor, incluido el sueldo anual complementario, y que la obligación rija desde la fecha de la mediación. El pago se mantendrá vigente hasta que el hijo cumpla 21 años, salvo que exista una modificación judicial posterior dispuesta por el tribunal competente.
