Tras los cambios regulatorios derivados de la reciente modificación de la Ley Provincial de Pesca de Chubut, el arco empresario comienza a delinear sus expectativas respecto de la mesa pesquera provincial impulsada por el Gobierno.
En ese contexto, el presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, aclaró que existen interpretaciones erróneas sobre la posible conducción del espacio. Consideró que la dinámica de la mesa no debería estructurarse en torno a una presidencia, sino en función de la participación de todos los actores de la cadena pesquera.
“Nos parece que hay un error conceptual. No se trata de liderar una mesa productiva, sino de ser parte de ella. Cada eslabón de la cadena tiene el mismo peso”, sostuvo.
El dirigente empresario indicó que el valor del nuevo ámbito institucional radica en construir una agenda sectorial concreta, donde confluyan empresas, cámaras, sindicatos, organismos técnicos y autoridades provinciales.
Coyuntura
La primera reunión de la mesa pesquera estaba prevista inicialmente para este martes a la mañana, pero debió reprogramarse por cuestiones de agenda. De todas formas, desde el sector confían en que la convocatoria se concrete en los próximos días.
La expectativa está puesta en que el espacio permita abordar una agenda compleja y heterogénea, en un momento en el que la actividad enfrenta tensiones operativas y económicas.
“Hay temas estructurales de desarrollo, pero también problemas coyunturales muy fuertes vinculados a los costos y a la volatilidad internacional”, explicó De la Fuente.
El origen de la mesa se remonta aquella reunión convocada un domingo a última hora por Ignacio Torres, donde se analizaron dos ejes principales. En primer lugar el impacto de las retenciones sobre las exportaciones pesqueras, como así también las acciones para desalentar la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur. En ese marco, CAPIP y CAFACh presentaron informes técnicos sobre la situación del sector.
Avances legislativos
Uno de los resultados de esas gestiones fue el impulso de Estado Rector del Puerto, una iniciativa legislativa orientada a fortalecer las herramientas de control contra la pesca ilegal.
De acuerdo con el titular de CAPIP, tras las gestiones realizadas por la provincia ante el Consejo Federal Pesquero y Cancillería, el proyecto logró dictamen en el Congreso y media sanción parlamentaria.
Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberán definirse las comisiones que actuarán como cabecera para continuar el debate.
“Se logró que el tema ingrese al Congreso, tenga dictamen y media sanción. Ahora esperamos que Diputados avance con el tratamiento”, señaló.
El combustible vuelve a tensionar la ecuación económica
Más allá de las cuestiones institucionales, la principal preocupación del sector está hoy vinculada al crecimiento del costo del combustible, un componente crítico en la estructura operativa de la flota.
La escalada del precio internacional del petróleo, impulsada por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, está generando un fuerte impacto en los costos de explotación, particularmente en las flotas con mayor intensidad de consumo.
Según los cálculos del sector empresario, la flota congeladora registra un incremento cercano al 30% en el costo del combustible desde noviembre, mientras que solo en lo que va de 2026 el aumento ronda el 26%.
“Hay flotas que están empezando a replantearse si salir o no a pescar, porque la ecuación de costos empieza a no cerrar”, advirtió De la Fuente.
El problema resulta especialmente sensible para las empresas que operan en pesquerías como el langostino patagónico, donde el combustible constituye uno de los principales costos operativos junto con la mano de obra.
Reclamo por la carga impositiva
Ante este escenario, CAPIP ya formalizó gestiones ante el Ministerio de Hidrocarburos, solicitando evaluar alternativas para aliviar la presión sobre el gasoil utilizado por la flota.
Entre las opciones planteadas aparece la posibilidad de revisar la estructura tributaria del combustible, particularmente aquellos gravámenes que financian fondos específicos.
El dirigente mencionó como ejemplo el caso del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), que recibe parte de la recaudación proveniente de los combustibles.
“Hay tributos que están incluidos en el precio del combustible y que no tienen relación directa con la operatoria productiva del sector”, explicó.
Desde el sector consideran que este debate debería abordarse en coordinación entre las provincias y el gobierno nacional, especialmente para las economías regionales con fuerte perfil exportador.
Impacto en la logística y las exportaciones
El incremento del combustible no solo afecta a la flota pesquera. También repercute en los costos logísticos del comercio internacional, particularmente en el transporte marítimo.
La reconfiguración de rutas y escalas portuarias derivada de conflictos geopolíticos está generando variaciones en las tarifas de flete y en los tiempos logísticos, lo que impacta en la competitividad de las exportaciones.
El sector pesquero argentino resulta particularmente sensible a estos cambios, dado que más del 90% de la producción se destina a mercados externos.
“Estamos viendo cambios en la logística internacional y eso inevitablemente repercute en nuestras exportaciones”, indicó el titular de CAPIP.
Relación con Torres
Consultado sobre la relación con el gobierno provincial luego de la aprobación de las modificaciones a la ley de pesca, De la Fuente sostuvo que el vínculo institucional se mantiene dentro de un marco de diálogo.
Si bien varias de las propuestas técnicas presentadas por el sector no fueron incorporadas al texto final, el dirigente destacó que cada poder del Estado tiene facultades propias en el proceso legislativo.
“Nos interesa aportar desde lo técnico cuando se modifican las reglas de juego de la actividad, pero entendemos que las decisiones finales corresponden a los poderes del Estado”, señaló.
Sin novedades con el SOMU
En paralelo, el sector empresario continúa negociando con el SOMU un nuevo esquema de liquidación vinculado a los valores de exportación.
La propuesta presentada por las cámaras en febrero contempla un mecanismo variable que ajuste los ingresos en función de los precios internacionales del producto, una cuestión que generó tensiones durante la temporada pasada.
Hasta el momento, no se registraron avances concretos en la negociación, aunque desde el sector empresario se mantienen expectativas de alcanzar un acuerdo antes del inicio de las etapas críticas de la temporada.
“Esperamos una devolución para poder trabajar sobre la propuesta. La idea es evitar volver a una situación compleja como la de 2025”, explicó De la Fuente.
