La historia de Iván Eladio Torres es una de las más sensibles y persistentes en la memoria judicial y social de Comodoro Rivadavia. Su desaparición, ocurrida en octubre de 2003, fue catalogada como un caso de desaparición forzada, un delito que, por su propia naturaleza, continúa en el tiempo mientras no se conozca el paradero de la víctima.
La madrugada del 3 de octubre de 2003 es el último registro con vida de Torres. Según reconstruyó la Justicia, fue interceptado por un patrullero policial —el móvil 469— y trasladado por efectivos de la policía. Desde ese momento, nunca más se supo de él.
Esa noche, el joven había estado con amigos en una heladería, realizando tareas ocasionales. Al quedarse solo en la vía pública, fue abordado por los uniformados. Testimonios y pericias posteriores indicaron que habría sido llevado a la Seccional Primera, donde, según la hipótesis validada judicialmente, fue golpeado y privado ilegalmente de su libertad.
Un caso atravesado por irregularidades
Desde el inicio, la causa estuvo rodeada de cuestionamientos. La familia denunció demoras, falta de respuesta institucional y maniobras que entorpecieron la investigación. Durante los primeros días, incluso, la policía se negó a tomar la denuncia de desaparición, lo que retrasó el avance judicial.
A esto se sumó un dato estremecedor: varios testigos clave murieron en circunstancias confusas o violentas, lo que debilitó aún más el proceso y generó sospechas sobre el desarrollo de la causa.
La investigación, además, tuvo un punto crítico: la propia fuerza policial implicada participó en la etapa inicial de instrucción, algo que fue duramente cuestionado por los abogados de la familia.
El caso dio un vuelco en 2011 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres. El organismo internacional señaló graves falencias en la investigación, demoras injustificadas y la existencia de torturas previas.
Este fallo no solo significó un respaldo para la familia, sino que también impulsó cambios estructurales: ese mismo año se incorporó al Código Penal argentino la figura de desaparición forzada.
Juicios, absoluciones y condenas
El derrotero judicial fue largo y complejo. En una primera instancia, varios policías fueron absueltos, aunque en 2015 se logró condenar a dos efectivos como partícipes necesarios del hecho.
Sin embargo, el proceso no terminó allí. Tras apelaciones y revisiones, se ordenó un nuevo juicio, que recientemente concluyó con una decisión clave: los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez fueron condenados a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Antes de conocerse el veredicto, ambos volvieron a declarar su inocencia. “No tuvimos nada que ver”, insistieron ante el tribunal, reiterando una postura que sostuvieron durante todo el proceso.
A pesar de las condenas, los imputados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme, bajo condiciones como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
A más de 20 años, el cuerpo de Iván Torres nunca fue encontrado, y la causa continúa siendo un símbolo de lucha contra la impunidad.
Para la Justicia, las recientes condenas representan un avance, aunque no cierran completamente una historia que aún reclama verdad plena. Como señalaron desde el Ministerio Público Fiscal, “el Estado tiene la responsabilidad de esclarecer todos los aspectos de este hecho gravísimo”.
