Con un escenario global cada vez más competitivo y con márgenes de rentabilidad ajustados al límite, la industria pesquera patagónica viene con una combinación de factores que amenazan su sostenibilidad. La presión fiscal, la pérdida de competitividad frente a países con acuerdos comerciales preferenciales, el avance de la pesca extranjera en aguas internacionales y un frente laboral sensible configuran un panorama de alta complejidad que obliga a repensar las reglas de juego del sector.
Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), planteó la necesidad de avanzar en reformas profundas que permitan sostener la actividad, el empleo y las exportaciones.
La conformación de una mesa pesquera en Chubut abrió una nueva instancia de diálogo entre el sector privado, los municipios y el Gobierno provincial, con el objetivo de construir una agenda productiva integral. Para De la Fuente, se trata de un espacio indispensable para ordenar prioridades y diseñar políticas de largo plazo.
“La pesca no es una actividad más dentro de la matriz productiva regional: es la principal fuente de empleo directo e indirecto. Por eso necesitamos políticas específicas que contemplen su complejidad, su estacionalidad y su inserción internacional”, remarcó.
En esa línea, sostuvo que replicar los beneficios otorgados a otras economías regionales es una necesidad impostergable. “No se puede seguir analizando la pesca con parámetros pensados para otros sectores. Tiene dinámicas propias, ciclos biológicos, regulaciones ambientales estrictas y una fuerte dependencia del mercado externo”, explicó.
Retenciones
Uno de los puntos centrales del planteo empresarial es la eliminación de los derechos de exportación. Las retenciones generan una distorsión significativa en la competitividad de los productos pesqueros argentinos.
“El debate sobre las retenciones ya está agotado. No tienen ningún sentido económico ni productivo. En un mercado global extremadamente competitivo, pagar derechos de exportación nos coloca en clara desventaja frente a países que cuentan con acuerdos comerciales preferenciales”, afirmó.
El dirigente subrayó que la industria pesquera continúa invirtiendo incluso en contextos adversos, lo que refuta la idea de condicionar la baja de retenciones a compromisos de inversión. “La flota, las plantas y la infraestructura portuaria son prueba de un esfuerzo sostenido. No necesitamos condicionamientos, necesitamos reglas que no asfixien la actividad”, agregó.
Competencia internacional y pérdida de mercados
El escenario externo es otro factor determinante. La demanda global de proteínas enfrenta un proceso de reconfiguración, con nuevos actores, cambios en los hábitos de consumo y un fuerte peso de los acuerdos comerciales.
“Competimos con países que ingresan a los mercados con arancel cero, mientras nosotros arrastramos cargas impositivas elevadas. Ecuador, por ejemplo, tiene acuerdos con la Unión Europea y avanza en entendimientos con Estados Unidos. Eso nos deja en una posición frágil”, advirtió.
A esto se suma la complejidad geopolítica y la inestabilidad de algunos mercados tradicionales, lo que obliga a redoblar esfuerzos comerciales en un marco de rentabilidad cada vez más ajustada.
La milla 201
La pesca no declarada y no reglamentada en la milla 201 constituye una de las principales amenazas para la sustentabilidad del recurso y la competitividad del sector argentino.
“En esa zona se registra una depredación sistemática. No es solo calamar: se llevan volúmenes significativos de otras especies, sin controles ambientales, laborales ni sanitarios. Esto no solo afecta la sustentabilidad, sino que distorsiona los mercados”, explicó De la Fuente.
El dirigente destacó la necesidad de un abordaje integral que combine diplomacia, control marítimo, tecnología y acuerdos internacionales. Asimismo, valoró la iniciativa nacional para avanzar en la figura del Estado rector del puerto, que permitiría imponer mayores exigencias a las flotas extranjeras que pretendan operar en puertos argentinos.
Emergencia pesquera
En el plano interno, CAPIP insiste en la sanción de una ley de emergencia pesquera que permita instrumentar medidas excepcionales para sostener la actividad.
“Este pedido no es nuevo. Las condiciones que lo justificaron siguen vigentes y, en algunos aspectos, se profundizaron. La ley permitiría dar visibilidad a la situación crítica del sector y habilitar herramientas fiscales, financieras y laborales específicas”, señaló.
Según De la Fuente, se trata de un instrumento indispensable para atravesar un período de alta volatilidad económica sin comprometer el empleo ni la capacidad productiva instalada.
Diálogo social y previsibilidad laboral
Otro eje central es la negociación con los sindicatos marítimos, con el objetivo de evitar conflictos que paralicen la flota y generen pérdidas millonarias.
“Ya iniciamos conversaciones con los gremios de tripulación. Queremos anticiparnos a los problemas. El diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos son fundamentales para garantizar previsibilidad”, indicó.
La experiencia del paro prolongado de 2025 funciona como antecedente inmediato y como advertencia sobre la fragilidad del equilibrio entre costos, salarios y rentabilidad.
“La pesca genera divisas, empleo y desarrollo territorial. Pero sin un marco normativo y económico adecuado, esa capacidad se ve seriamente comprometida. Necesitamos decisiones políticas que estén a la altura del rol estratégico que cumple el sector”, concluyó De la Fuente.
