El nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia en Chubut y en todo el territorio nacional el próximo 5 de septiembre de 2026. La Ley Nacional N° 27.801 establece que los adolescentes desde los 14 años pueden quedar alcanzados por un proceso penal cuando sean imputados por la comisión de un delito. Según la legislación, el esquema busca la responsabilidad, educación, resocialización e integración social de los jóvenes involucrados.
Delitos de baja cuantía y salidas alternativas del Régimen Penal Juvenil
Para los hechos calificados como delitos de baja cuantía —como un robo simple de celular en la vía pública sin uso de armas—, la ley habilita tres mecanismos alternativos para evitar el juicio:
- Criterio de oportunidad: El fiscal puede prescindir de la acción penal siempre que el hecho no haya implicado grave violencia física o psíquica, y el joven no registre condenas previas ni procesos en trámite con procesamiento firme.
- Mediación penal: Requiere el consentimiento de la víctima como condición de validez y la conformidad del fiscal.
- Suspensión del juicio a prueba: Puede otorgarse por un lapso de uno a tres años con acuerdo del Ministerio Público Fiscal y el compromiso de reparar el daño en la medida de lo posible.
Si el caso llega a condena, el tribunal puede reemplazar la prisión por penas alternativas del artículo 12. Sin embargo, la medida no se aplica de oficio: requiere dictamen pericial previo, conformidad del fiscal —quien posee poder de veto— y audiencia con la víctima. En caso de incumplimiento de la pena sustitutiva, el artículo 16 impone de forma automática la revocación y disposición del encierro.
Gravedad de las penas: armas, homicidio y detención en institutos
En los casos de mayor gravedad, los beneficios alternativos quedan excluidos. Para un robo con arma de fuego o delitos con máximo de pena superior a diez años, se ingresa directamente a la vía del encierro. No obstante, el artículo 17 contempla tres modalidades de detención que el juez debe fundamentar: domicilio, instituto abierto o instituto especializado.
Respecto al delito de homicidio, la norma unifica un techo máximo de 15 años de condena para menores. Cumplidos los dos tercios de la pena, el tribunal puede convertir el tiempo restante en penas no privativas de libertad con pericia favorable y conformidad de la fiscalía y los familiares de la víctima. Al cumplir los 18 años, el condenado pasa a una cárcel de adultos, salvo que solicite permanecer en el instituto especializado para culminar estudios o tratamientos en curso.
